GUADALAJARA, 3 Nov. (Juan Manuel Frausto Aguayo, AGENCIA REFORMA)
Adriana llevaba siete años buscando a su padre, Armando López López, sin ninguna pista ni esperanza de encontrarlo, cuando una luz brilló en abril de este año: personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le llamó para avisarle que las características de un cuerpo encontrado por un colectivo coincidían con las de su progenitor.
Ella pensó que por fin su familia podría descansar y tener su duelo, pero no sabía que con ese anhelo comenzaría un viacrucis de tortura burocrática, pues han pasado ya seis meses y el cuerpo de su padre no le ha sido entregado.
Cuando Adriana supo del hallazgo, inició un recorrido que ha hecho ya múltiples veces: del IJCF a la Fiscalía en El Salto, una y otra vez, sin encontrar una explicación clara de qué impide la entrega, pues las dependencias se limitan a responsabilizarse mutuamente por la falta de avance del trámite.
El 21 de octubre pasado, el IJCF le informó a la mujer que la confronta genética de la osamenta estaba lista desde el 12 de octubre y le entregó el número de referencia 2684-2026 para dar seguimiento ante el agente del Ministerio Público. Incluso le permitieron ver la osamenta, pero otro golpe le esperaba: en la sede de la Fiscalía en El Salto le aseguraron que no han recibido el resultado.
MURAL consultó el 23 de octubre con la corporación estatal sobre la situación.
La Vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo, informó que el resultado de la confronta efectivamente se encuentra en la sede de la Fiscalía en El Salto. Sin embargo, ahí le siguen insistiendo a Adriana que no han recibido la documentación.
La espera le ha costado dinero, tiempo y desgaste emocional.
La última vez que acudió a El Salto, Adriana relató que sólo tenía 200 pesos, que utilizó para pagar un viaje en Uber. Cuando ya iba en camino, le avisaron que ahí no había documentación de su caso, por lo que tuvo que regresar y pagar el traslado.
"Me regresé llorando por toda la carretera de El Zapote. Sentí tanto coraje, tristeza, rabia, tanto dolor en mi corazón porque juegan conmigo con esto", relató.
El trámite solo prolonga una incertidumbre que comenzó hace casi ocho años, cuando Armando desapareció el 6 de diciembre de 2018 en Ixtlahuacán de los Membrillos. Durante ese tiempo, su hija presionó a la Fiscalía para obtener avances, pero asegura que nunca se analizaron las llamadas de su teléfono ni se revisaron cámaras que pudieran ayudar a reconstruir sus últimos movimientos.
En abril, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros localizó el cuerpo enterrado en una vivienda abandonada del fraccionamiento Los Olivos, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Supieron que podría ser Armando porque, entre las señas particulares, estaban una placa de metal en el dedo índice y una fractura en una pierna.
La situación de abandono institucional que Adriana vive se suma a la muerte de su hermano, ocurrida el 2 de junio del 2025. Ella denuncia que fue atropellado y que, pese a que había placas del vehículo y testigos, no hay una persona responsable. Según su relato, el cuerpo permaneció toda la madrugada en el lugar y otra camioneta volvió a pasarle por encima.
"De verdad, en esa Fiscalía no hacen nada", reclamó.
MURAL publicó en junio que Ixtlahuacán de los Membrillos había superado a Tlajomulco en número de víctimas recuperadas de fosas clandestinas.
Hasta el 31 de mayo, de acuerdo con el registro de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se habían localizado 11 sitios de inhumación clandestina en el Municipio y 30 víctimas. Nueve de esos sitios estaban en Lomas de la Capilla y concentraban 27 de los cuerpos recuperados en el Municipio.
En todo Jalisco, de las 76 personas recuperadas en fosas clandestinas descubiertas entre enero y mayo de 2026, solo cuatro habían sido identificadas al cierre de ese periodo. Para Adriana, las cifras se traducen en una espera que no termina.