CIUDAD DE MÉXICO, 22 Oct (AGENCIA REFORMA)
Con dispensa de trámites, la Cámara de Diputados aprobó este martes aplazar al 1 de enero de 2026 la entrada en vigor de las reformas a la Ley Aduanera propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta enviada por el Senado fue avalada con 343 votos a favor y 123 en contra, y contiene una única modificación al artículo primero transitorio para aclarar que el decreto entrará en vigor a partir del primer día del próximo año, y no al día siguiente de su publicación, como se establecía originalmente. Las modificaciones fueron enviadas al Ejecutivo federal para su publicación.
La panista Teresa Ginez advirtió que retrasar la entrada en vigor de la ley es una maniobra con la que la mayoría pretende aparentar apertura, pero en los hechos sólo pospone unos meses los efectos nocivos de la reforma. Recordó que diversas voces del sector empresarial, como la Cámara Internacional de Comercio, Coparmex y Canacintra, han expresado preocupación por el potencial de la reforma para retrasar el dinamismo del comercio exterior, generar costos operativos no previstos y afectar las cadenas de suministro. “Ojalá las modificaciones del Senado hubieran sido más profundas, orientadas a garantizar la certeza jurídica y la confianza en las inversiones, pero no fue así”, indicó.
Por su parte, el morenista Fernando Castro Trenti afirmó que la trazabilidad que propone la reforma permitirá que las aduanas estén a la altura de las mejores del mundo y ayudará al país a “lavarse la cara”. “El presente es muy claro: detonar el Plan México, detonar la recaudación, detonar mayores ingresos. La trazabilidad con la que se ingresen y salgan las mercancías nacionales permitirá limpiar la cara en el mundo, tener aduanas a la altura de las mejores del mundo en un país que en los últimos años ha crecido su Producto Interno Bruto y se ha transformado”, afirmó. El legislador agregó que las modificaciones permitirán barrer la corrupción “de arriba para abajo”.
La emecista Patricia Flores Elizondo justificó que el voto en contra de su bancada se debe a que la ley no está diseñada para perseguir a los grandes evasores, sino para trasladar la responsabilidad del contrabando fiscal a quienes trabajan. “Mientras nos dicen que buscan frenar el contrabando, no tocan las verdaderas redes criminales que operan con complicidad dentro de las aduanas. En cambio, aumentan la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas y las pequeñas y medianas empresas”, señaló.