Archivo - Varios manifestantes extienden una pancarta en el Teatro Fernán Gómez, en la Plaza de Colón, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado a la Comisión Europea (CE) su premura en la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur pese al rechazo de todo el sector agrario, la oposición política del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión del mismo.
En concreto, la organización agraria ha lamentado la decisión de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a partir de este 1 de mayo, al considerar que se adopta "sin haber resuelto las principales preocupaciones" del sector agrario y "sin garantías suficientes" para los productores europeos.
De esta forma, ha vuelto a alertar de los riesgos que este acuerdo supone para producciones sensibles como la carne de vacuno o las aves, así como del impacto que puede tener sobre los precios, la rentabilidad de las explotaciones, el empleo en el sector y el relevo generacional en el campo.
En este sentido, ha subrayado que la entrada en vigor provisional se produce en un contexto de creciente contestación política dentro de la propia Unión Europea. Así, algunos Estados miembros, como Polonia, han anunciado su intención de recurrir el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando su compatibilidad y sus efectos sobre la seguridad alimentaria, mientras que el propio Parlamento Europeo ya impulsó una iniciativa similar a finales de enero pasado.
A estas dudas se han sumado las críticas recientes expresadas por varios eurodiputados sobre el sistema de gestión de contingentes arancelarios previsto en el acuerdo y que no fue aprobado por unanimidad con la oposición de Polonia, Francia y Hungría el pasado 20 de abril.
De esta forma, la organización ha responsabilizado a la Comisión Europea y a los gobiernos de los Estados miembros, entre los que está España, que han apoyado este acuerdo y su aplicación provisional de los perjuicios que se ocasionen a los productores nacionales.