Archivo - Alegoría de la Justicia en la Corte Suprema de Justicia de Colombia - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA - Archivo
CIUDAD DE MÉXICO 7 Mar. (Agencia Reforma) -
La Suprema Corte de Justicia rechazó hoy un impedimento promovido por Totalplay Telecomunicaciones, empresa de Grupo Salinas, para retrasar la confirmación definitiva un crédito fiscal de 646 millones de pesos.
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte negó el impedimento del Ministro Luis María Aguilar, planteado por Totalplay en enero, días antes de la discusión de un proyecto que le niega el amparo contra un crédito fiscal fincado por el SAT en diciembre de 2015, derivado de omisiones en el pago de ISR del ejercicio fiscal de 2011.
Totalplay argumentó que Aguilar podría considerarse impedido por los múltiples ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, por haber planteado a la Corte la atracción de amparos de Elektra, otra empresa de Grupo Salinas, contra créditos fiscales por más de 26 mil millones de pesos.
El proyecto niega el amparo y confirma que Totalplay aplicó indebidamente deducciones por conceptos como comisiones a distribuidores, gastos administrativos, pérdidas por cuentas incobrables y gastos de viaje, capacitación y ropa de trabajo, entre otros.
Aguilar es el autor del proyecto, y una vez rechazado el impedimento, volverá a ser listado para sesión de la Sala en fecha por definir.
El impedimento de Ministros y Magistrados es una táctica dilatoria que durante años las filiales de Grupo Salinas han utilizado repetidamente para retrasar la resolución de juicios, tanto en la Corte como en los tribunales colegiados de circuito.
Otro Ministro de la Segunda Sala, Javier Láynez, fue procurador Fiscal de la Federación de 2008 hasta abril de 2015, por lo que Totalplay también podría intentar un impedimento en su contra.
En junio de 2020, por ejemplo, Elektra promovió con éxito el impedimento de la Ministra Margarita Ríos-Farjat, ex jefa del SAT, en un amparo contra un crédito de 2 mil 635 millones de pesos, con lo que prolongó el juicio hasta enero de 2022.
El caso que lleva Aguilar no es el único crédito fiscal de Totalplay.
La empresa también litiga contra otro de 859 millones de pesos, por el ejercicio de 2012, en el cual desde 2017 ofreció como garantía al SAT el embargo de sus bienes muebles, incluida la fibra óptica, licencias y software.
Pero el Gobierno impulsó una reforma al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor en 2021, por la cual se dejaron de aceptar bienes intangibles para garantizar deudas por impuestos.
En junio de 2021, el SAT rechazó seguir aceptando este tipo de bienes para ampliar la garantía que Totalplay tiene que ofrecer sobre la deuda pendiente, con lo que solo quedaron cubiertos 366 de los 859 millones.