Archivo - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con trabajadores de Pemex - Especial/NOTIMEX/dpa - Archivo
CIUDAD DE MÉXICO 10-Oct-2023 (Agencia Reforma).
Un tribunal federal anuló una sentencia de 2022 que obligaba a Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) a pagar por lo menos 91.2 millones de pesos a la constructora brasileña Odebrecth, por trabajos que ejecutó en la refinería de Tula en 2016 y 2017.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado Civil notificó el 5 de octubre un amparo en favor de Pemex TRI, que deja sin efectos la sentencia dictada en julio de 2022 por el juez Jorge Rojas, quien sólo había aceptado una porción de los mil 838 millones de pesos reclamados por Odebrecht.
El punto central de la sentencia de Rojas fue que declaró la nulidad de la rescisión del del contrato DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, uno de varios adjudicados directamente a Odebrecth en el periodo como director de Pemex de Emilio Lozoya, actualmente bajo proceso por recibir sobornos de esa constructora.
Pero el tribunal colegiado resolvió que la rescisión fue legal, porque la empresa que ejecutó los trabajos, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional (OICI), no contaba con permiso de generador de residuos peligrosos, necesario para el retiro del sitio de obra.
Dicho permiso sólo había sido obtenido por Constructora Norberto Odebrecht, que fue la que firmó el contrato en noviembre de 2015 con Pemex TRI, para luego ceder todos los derechos y obligaciones a OICI.
"OICI debía contar con el registro mencionado y al no tenerlo, evidentemente incumplió con lo dispuesto por la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como con el contrato de ingeniería, procura y construcción", resolvió el tribunal.
Una vez confirmada la rescisión del contrato, quedará pendiente determinar el finiquito de éste.
En un acta de febrero de 2018, Pemex TRI sostuvo que tiene saldo a favor de 60 millones de pesos, pero el tema podría ser motivo de nuevos litigios.
Por ejemplo, un tema que se podría disputar en el finiquito --que juez tampoco aceptó-- es el reclamo de Odebrecht del pago de precios unitarios extraordinarios por 11.7 millones de pesos, y gastos no recuperables de 131.6 millones de pesos, por 467 días de interrupción de los trabajos.
El 87 por ciento de la demanda de Odebrecht, mil 610 millones de pesos, era por daños y perjuicios por la rescisión del contrato; sin embargo, el juez Rojas ya los había declarado improcedentes.
El contrato, adjudicado en noviembre de 2015 por mil 811 millones de pesos y con un plazo de ejecución hasta abril de 2017, fue para la construcción de accesos y obras en el proyecto Aprovechamiento de Residuales de la refinería de Tula.
Sin embargo, en julio de 2016 el monto se incrementó en 358 millones de pesos.