Publicado 27/09/2025 08:24

Los mutualistas reclaman frente al Congreso una "pasarela 1x1" al RETA

Más de 30.000 mutualistas reclaman frente al Congreso de los Diputados una "pasarela 1x1" al RETA.
Más de 30.000 mutualistas reclaman frente al Congreso de los Diputados una "pasarela 1x1" al RETA. - RAMIRO GIL

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mutualistas profesionales de los sectores de la abogacía, procuradores, arquitectos e ingenieros se han concentrado frente al Congreso este sábado para denunciar la situación de desprotección que sufre el colectivo tras décadas de aportaciones a mutualidades alternativas a la Seguridad Social.

La manifestación convocada por la Plataforma Pasarela al RETA, el Movimiento J2, la Asociación Nacional de la Mutualidad de Abogados (Anama) y la Asociación Nacional de la Mutualidad de Arquitectos (Anmarq) ha tenido una movilización de más de 30.000 personas (según las cifras de los manifestantes) por las calles de Madrid con el objetivo de reclamar una "pasarela 1x1" al RETA y la integración plena de los mutualistas alternativos en la Seguridad Social.

Los manifestantes al grito de "justicia e igualdad para todos" han pedido una mejora en las condiciones de profesionales activos y jubilados ya que denuncian que algunos apenas alcanzan "los 300 o 400 euros mensuales sin derecho a pagas extraordinarias ni a revalorizaciones anuales".

Además, califican que esta situación no solo es "precaria" para ellos, sino que también lo puede ser para las próximas generaciones de profesionales que en un futuro se pueden ver con "pensiones indignas y por debajo incluso de las no contributivas".

Igualmente, uno de los mensajes más repetidos en la jornada fue la denuncia del agravio comparativo de estos profesionales con respecto a otros colectivos. Los manifestantes recordaron que, en los últimos años, otros sectores habían sido incorporados al sistema público de la Seguridad Social con gran rapidez. "No pedimos privilegios, pedimos igualdad", remarcaron los portavoces de las asociaciones.

PROPUESTA DE LEY "INACEPTABLE"

Según han indicado desde la Mutualidad de Procuradores, el texto actual del PSOE establece que solo puedan acogerse a la pasarela quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas, unas condiciones que tildan de "discriminatorias" y de generar "exclusión".

Otro aspecto cuestionado por la Mutualidad de Procuradores es el cálculo planteado en la propuesta de ley, que actualiza las aportaciones al Índice de Precios de Consumo (IPC) aplicando coeficientes reductores por prestaciones no recibidas en su momento (como la sanidad antes de 2012).

Los portavoces del Movimiento #J2 y la Plataforma Pasarela al RETA subrayaron durante la concentración que la proposición de ley actual es "inaceptable" y criticaron que ahora mismo no tiene sobre la mesa una "solución real, inclusiva y definitiva".

Por ello, desde las asociaciones de mutualistas exigen a los grupos parlamentarios una hoja de ruta clara con una tramitación inmediata de la ley siguiendo "unas garantías firmes" de que cualquier mecanismo de pasarela al RETA no suponga un perjuicio económico ni jurídico para los mutualistas.

Asimismo, reclamaron cuanto antes la convocatoria de una ponencia parlamentaria y la acotación precisa de la norma en la que se detalle la fórmula y el momento en que se realizaría el traspaso de fondos de quienes decidan abandonar la Mutualidad, lo que, debería producirse "únicamente en el momento efectivo de su jubilación". Igualmente, demandaron una entrada en vigor de ley a la mayor brevedad posible.

Los organizadores recordaron que la solución que proponen no implica coste alguno para el Estado ni para los ciudadanos, puesto que las mutualidades trasladarían sus propios fondos a la Seguridad Social y los mutualistas cotizaran en el sistema público desde su incorporación.

Por último, el movimiento adelantó que esta movilización no sería un punto final, sino un paso decisivo en una estrategia sostenida de presión y visibilización. Anunciaron que, si el Gobierno y los grupos parlamentarios no aceleran la tramitación de la ley, las protestas continuarían con nuevas acciones de alcance nacional e incluso europeo.

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