Archivo - Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SNSP), Monte Alejandro Rubido García - SEGOB - Archivo
GUADALAJARA, 20 Oct. (Noé Magallón, AGENCIA REFORMA)
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
La Secretaría de Seguridad del Estado tiene que encontrar la estrategia adecuada para contrarrestar de manera equilibrada los disturbios generados en las manifestaciones violentas, consideró el profesor investigador de la UdeG, Rogelio Barba.
El especialista comentó que esta vez las autoridades pecaron de omisión respecto a los desmanes que afectaron el primer cuadro del Centro Histórico de Guadalajara, contrario a la estrategia de represión que emplearon en la manifestación anterior.
"Creo que sí debería de haber un cambio radical sobre las estrategias que se utilizan a nivel estatal para prevenir y contener este tipo de hechos", dijo Barba, "faltó la estrategia policial para contener estos disturbios".
El domingo en la noche, el Gobierno del Estado informó que alrededor de 70 personas destruyeron tres puertas del Palacio de Gobierno, mientras que ayer, en conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, reportó 15 policías lesionados y seis civiles que recibieron atención médica.
El funcionario informó que los daños en Palacio de Gobierno ascendieron, en una primera estimación, a 15 millones de pesos. Entre las afectaciones estuvieron 50 ventanas y tres vitrales destruidos, daños en cantera, puertas, luminarias y cámaras de videovigilancia.
Las autoridades reportaron inicialmente 10 personas detenidas, aunque al final de la conferencia el Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, indicó que seis permanecían detenidas.
"El Estado debe ser contundente por los daños que se hicieron, la cuantía; es un edificio histórico el que tenemos, tanto del Congreso como del Palacio de Gobierno, que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología", sostuvo, por su parte, Barba.
"Es un delito tipificado en los códigos penales estatal y federal, el cual se sanciona hasta con 10 años de prisión, y que como es un delito gravoso, lleva la asociación delictuosa, lleva ánimos de causar un daño más allá de las exigencias constitucionales que nos permiten la legislación. El Estado no debe tolerar este tipo de hechos".
Para el profesor, la protesta del 11 de octubre y las consecuencias para los policías mermaron al Gobierno, que optó por cambiar la estrategia en vez de apegarse a los códigos de conducta para hacer cumplir la ley, más allá también de la legislación que establece el uso de la fuerza y las técnicas policiales.
"Yo creo que de nueva cuenta el Secretario de Seguridad da pocos resultados y obviamente una falta de coordinación o de técnica policial para poder prevenir.
"La inexperiencia de la Secretaría de Seguridad y los actores que estuvieron ahí, pues primeramente, primero se puede reclamar poco o mucho, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que hubo una omisión para poder contener esta barbarie".
Con las últimas dos manifestaciones, añadió, la policía antidisturbios quedó mal parada, además de que se demostró que el Estado no está preparado para manifestaciones violentas.