MONTERREY, 6 Nov. (Miriam García, AGENCIA REFORMA)
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó el análisis de la suspensión que mantiene frenado el juicio político contra Samuel García, Diputados locales pidieron resolver pronto el asunto y retirar la protección al Mandatario.
"Exhortamos a que la Corte defina el punto para nosotros poder avanzar en ese tema", dijo Perla Villarreal, presidenta del Congreso.
"Para nada es sano tener esa parálisis. Es un tema que urge, es importante. Ojalá que la Corte voltee a ver que son varios los temas relacionados con lo mismo y que ya es tiempo de que tome cartas en el asunto".
El Diputado del PRI, Javier Caballero, dijo que, aunque respetan las decisiones de la Corte, esperan que la resolución permita al Congreso continuar el proceso.
"Nos gustaría que la resolución sea en el sentido de que se pueda seguir avanzando en el proceso que ya arrancó el Congreso, porque mientras esté esta suspensión, prácticamente estamos en stand by, nos quedamos en el limbo", señaló.
El 12 de junio, la Comisión Anticorrupción aprobó iniciar un juicio político contra García por presuntas triangulaciones de recursos públicos y posibles delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El Gobernador promovió una controversia constitucional ante la Corte, al argumentar que el Congreso no tiene atribuciones para procesarlo.
Ayer estaba previsto analizar un proyecto de la Ministra Sara Irene Herrerías que planteaba ratificar la suspensión otorgada al Mandatario el 13 de julio, pero el asunto quedó en lista.
La Diputada de Morena, Anylú Bendición Hernández, también pidió una resolución pronta para dar certeza sobre la situación del Ejecutivo estatal.
"Espero que la Corte resuelva ya este asunto, sobre todo porque es un tema de gobernabilidad, que ya sepamos qué es lo que viene para el Estado, si se va a tener que hacer un cambio en el Ejecutivo", expresó.
Además, exigió a la Fiscalía General de Justicia aclarar qué investigó y por qué determinó no ejercer acción penal.
Hernández recordó que el propio Gobernador argumentó ante la Comisión Anticorrupción que los recursos transferidos a particulares dejan de ser públicos si éstos los destinan a negocios de familiares.
"Si alguien hizo mal uso del recurso público no puede ser perdonado, tiene que haber una sanción", sostuvo.