CIUDAD DE MÉXICO, 20 Oct. (César Andrés Jiménez García, AGENCIA REFORMA)
Nicolás Jerónimo Alejo, quien fue elegido el año pasado como magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX en la elección judicial local, resaltó la necesidad de mejorar los filtros de los próximos candidatos.
Subrayó que las mejoras ayudarían a evitar la imposición de figuras ligadas a organizaciones políticas o el tráfico de influencias... aunque él fungió como agente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa.
Además de que fue denunciado ante autoridades electorales porque su nombre apareció en acordeones de aspirantes durante los comicios judiciales.
En un análisis que hizo el Tribunal Electoral local sobre este proceso, el magistrado Alejo subrayó que una de las principales críticas de los habitantes hacia la elección popular fue la posibilidad de que los ganadores carezcan de experiencia y conocimientos para impartir justicia.
Planteó que la preocupación abre el debate para saber cuál es la institución adecuada para hacer las evaluaciones de los aspirantes.
El Comité de Evaluación de los candidatos estuvo integrado por especialistas en Derecho, principalmente por la UNAM, que propusieron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Tras ello, Alejo propuso la conformación de un Comité de Evaluación integrado por docentes de las Facultades de Derecho en la Capital con experticia en calidad y excelencia.
En la instauración de este órgano debería participar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que también evalúe los conocimientos jurídicos de los aspirantes, apuntó.
Añadió que los próximos candidatos deberían realizar exámenes en línea o de manera presencial en los que tengan que resolver casos prácticos relacionados a la materia jurídica a la que se están postulando.
Los que alcancen el estándar de excelencia, dijo, son quienes deberían aparecer en las boletas.
"Evitando con ello la imposición de figuras ligadas a organizaciones políticas, tráfico de influencias o asociaciones con fuerza política de cualquier tipo que carezcan de los requisitos mínimos indispensables para ejercer un cargo tan relevante como el que se encuentra sujeto a votación", expuso Alejo.
Mientras tanto, Armando Ambriz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuestionó que los legisladores omitieron establecer una regulación pormenorizada sobre los topes de gastos personales para los candidatos.
Por lo cual, la autoridad en la materia estuvo obligada a realizar interpretaciones sistemáticas de la normativa electoral existente.
También criticó que la reforma judicial no contempló las aportaciones que hacen los aspirantes y simpatizantes.
"Esta omisión normativa generó un vacío interpretativo relevante para la determinación de los límites aplicables a las campañas judiciales", señaló Ambriz.