CIUDAD DE MÉXICO, 20 Nov. (Iván Sosa, AGENCIA REFORMA)
Ante la tendencia a la alza en el precio de la vivienda en la CDMX, que se encareció de 1990 a 2020 tras la aplicación de medidas como el Bando 2 y la Norma 26, especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM demandaron políticas de atención.
Un departamento pasó de 20 mil pesos en 1990, a 700 mil en el 2000 y después a 9 millones en 2020, reportaron en el estudio El mercado inmobiliario de la Zona Metropolitana del Valle de México, presentado ayer.
Los precios en la zona central dentro del Circuito Interior pasaron de 276 pesos por metro cuadrado en 1990, a 3 mil 098 pesos en el 2000 y 80 mil 873 pesos en el 2020.
"Estos hallazgos subrayan la urgencia de diseñar políticas públicas que atiendan no sólo la regulación del mercado de vivienda, sino también la provisión equitativa de servicios urbanos fundamentales que garanticen un desarrollo más equilibrado del territorio", concluyó el estudio.
El incremento de precios se extendió hasta las alcaldías y los municipios distantes, por lo que el encarecimiento impactó en territorios considerados marginales.
"La concentración de precios elevados en las zonas céntricas confirma una tendencia sostenida hacia procesos de gentrificación", subrayó el reporte elaborado por los investigadores Alejandra Garrido y Manuel Suárez Lastra.
El Bando 2, emitido en diciembre del 2000, acentuó la urbanización del suelo de conservación y detonó la expulsión de habitantes.
"Se refiere a una política urbana de la Ciudad de México implementada para frenar la expansión desordenada y el despoblamiento de las zonas centrales, fomentando la construcción y la recuperación de estas áreas.
"Aunque logró contener la pérdida de población en los centros, provocó el aumento del precio del suelo, el desplazamiento de la vivienda social hacia la periferia, hacia municipios conurbados del Estado de México y la gentrificación en las zonas de concentración urbana", apuntó el estudio.
En tanto, la Norma 26 otorgó facilidades en la edificación de vivienda social, pero fue aprovechada por constructores para vender departamentos de valor medio, mientras buscó promoverse la Ciudad compacta y vertical, con más edificios, sin agregar servicios urbanos, como agua y drenaje.
"Tales políticas generaron una fuerte oposición social que derivó en la cancelación de programas de fomento, la suspensión de distintas normas, como la norma 26, y el rechazo a diversos megaproyectos urbanos", señaló el informe.
Florecieron las hipotecas de Infonavit, con financiamientos bancarios y el Estado disminuyó la construcción de vivienda, en un proceso que encareció el suelo.
"Ante un mercado cuyos precios parecen alejarse cada vez más de nuestras posibilidades, necesitamos una discusión pública para comprender cómo se llegó hasta aquí", demandó la investigadora de la Universidad Iberoamericana, Lorena Cabrera.
El Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana en proceso de aprobación, distan de ofrecer una solución para el encarecimiento de la vivienda, señalaron los especialistas.