CIUDAD DE MÉXICO, 24 Sep. (Libertad María Fernanda Covarrubias, AGENCIA REFORMA)
Accionistas del Hotel Novit, ubicado en Insurgentes Sur, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez acusaron que fueron víctimas de una red de despojo que operó para quitarles su inmueble en 2025.
Aseguraron que en el entramado participaron al menos 20 personas, de las que seis son Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, abogados corporativistas y un corredor público, por lo que enfrentan un proceso judicial en su contra.
Este viernes se tiene prevista la audiencia inicial en la que se busca sean imputadas y vinculadas dichas personas.
"La Fiscalía y el Poder Judicial tienen una oportunidad de hacer justicia sobre un despojo que ocurrió de esta manera.
"Sin los Policías de Investigación esto no pudo haber ocurrido nunca", sentenció uno de los accionistas.
El 28 de octubre de 2025, cerca de las 6:52 horas, el accionista recibió mensajes de los PDI que con abogados buscaban cumplimentar una orden de desalojo que no mostraron, señaló.
Lo cual es ilegal, indicó Ricardo Mac Gregor, abogado de los dueños accionistas, porque ese mandamiento sólo lo puede cumplimentar la autoridad civil, no penal y lo que llevaban en realidad eran medidas de protección.
Los PDI rompieron cerraduras, desconectaron el circuito cerrado, cambiaron chapas, quitaron al personal de seguridad y tomaron control material, operativo y documental del inmueble.
Los hechos quedaron registrados en videos que tenían en un respaldo.
Tras investigar supieron de una carpeta de investigación contra del administrador de la empresa, que incluía una restricción para que no se acercara a una persona de nombre Arturo "R", asimismo, en agosto del mismo año hubo una asamblea ficticia para revocar al entonces administrador y nombrar a Arturo "R".
La víctima denunció despojo y el 14 de enero de 2026 un juez de control ordenó la restitución provisional a los dueños accionistas así como la administración del hotel.
Tras meses se judicializó la carpeta, pero la audiencia inicial contra las 20 personas imputadas se ha pospuesto tres veces, la última porque no estuvo el agente del Ministerio Público.
Los afectados temen que personal operativo de la Fiscalía trabe el proceso para evitar penalidades para los responsables por lo que piden un tratamiento justo.