Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación ante un texto que, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.