La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de 2016 con las extintas FARC, ha pedido a ocho exmiembros de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas colombianas reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 80 y 90.