El país andino se ve sumido en una grave crisis a tan solo dos meses de las elecciones
MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Bolivia, un país sumido en una crisis de múltiples caras, avanza hacia las elecciones previstas para el próximo mes de agosto por un camino plagado de incertidumbre y marcado por las tensiones políticas entre los seguidores del presidente, Luis Arce, y el otrora presidente boliviano Evo Morales.
Esta pugna dentro del histórico partido del Movimiento al Socialismo (MAS), central para la política boliviana, ha propiciado nuevos bloqueos y conatos de violencia en un país que ya venía presentando una situación de creciente volatilidad durante los últimos años; un escenario que no hace sino incrementar el malestar general ante un Gobierno que no ha podido paliar, de momento, las consecuencias de la crisis económica y la falta de combustible.
Morales --que insiste en que fue víctima de un intento de asesinato en 2024 cuando el vehículo en el que circulaba recibió catorce disparos por parte de un grupo de "encapuchados"-- defiende la posibilidad de presentarse como candidato a pesar de su inhabilitación, y ha vuelto a aunar el apoyo de sectores campesinos e indígenas, que se concentran en la región de Cochabamba y a los que se suman líderes sindicales y miembros del ala más "evista" del partido.
A pesar de la polémica suscitada por las graves acusaciones que pesan sobre el expresidente Morales debido a su presunta relación sexual con una menor y la comisión de presuntos delitos de trata de personas, Morales acusa al Gobierno de orquestar un plan en su contra e insiste en que seguirá luchando para "garantizar un futuro de justicia social" al pueblo boliviano.
El exmandatario ha llegado incluso a amenazar con protagonizar una marcha en La Paz para inscribirse como candidato presidencial en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una situación que podría llevar finalmente a su detención, tal y como advierten desde el Gobierno, que achaca la creciente tensión a la actitud del propio Morales.
Además, no ha tardado en asegurar que las acusaciones vertidas por el Gobierno son "falsas" y ha argumentado que las protestas y los bloqueos responden a "la crisis, el hambre y la injusticia", así como a la inflación, que "lleva a la gente humilde a hacer cola para conseguir arroz y aceite".
Estas diferencias han ido escalando hasta llevar incluso al propio presidente --que ha renunciado a presentarse a los comicios-- a acusar a Morales de intentar dar un "golpe de Estado" con su convocatoria de manifestaciones a pesar de que el Tribunal Constitucional avalara su inhabilitación --tal y como indica la Carta Magna que él mismo promulgó--. Por ello, le ha pedido también dar un paso a un lado en lo referente al proceso electoral.
LOS INTENTOS FALLIDOS DE MORALES
A pesar de esta resolución judicial y de que el líder indígena ya permaneció al frente del país durante tres periodos consecutivos, el político boliviano ha intentado presentarse como candidato por varias vías, todas ellas de momento infructuosas.
El último de estos movimientos tuvo lugar hace dos semanas, cuando intentó presentarse por el Partido Nacional Boliviano (Pan-Bol), una medida que ha sido rechazada por la Justicia al considerar que la solicitud se encontraba fuera de plazo y que el partido había obtenido menos del 3 por ciento de los votos en los anteriores comicios, tal y como establece la ley electoral boliviana.
Previamente, las autoridades electorales fallaron que su formación Evo Pueblo "no existe", impidiendo también su candidatura, después de que el Frente para la Victoria (FPV) quedará fuera al perder su personalidad jurídica por no superar el baremo establecido por la ley electoral en las elecciones de 2020.
No obstante, sus seguidores lo defienden y apuntan a una persecución, como ya pasaría durante la crisis de 2019, cuando Morales fue acusado de fraude electoral tras la primera vuelta de las elecciones y acabó dimitiendo y abandonando el país, una situación que llevó a Jeanine Áñez (entonces vicepresidenta del Senado) a jurar el cargo como jefa de Estado en un acto que muchos vieron como la constatación de la "deriva ultraderechista" de la "revuelta" contra Morales.
VIOLENCIA EN LAS CALLES
Al otro lado de esta disputa se sitúan los autodenominados "arcistas", a los que se han sumado los anteriormente considerados como choquehuanquistas --afines al vicepresidente David Choquehuanca--, ahora unidos para defender la gestión de Arce y lograr una renovación del mandato del MAS, esta vez en manos de Eduardo del Castillo.
Este bloque, que apuesta por la renovación, cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que tienen ahora nuevos comandantes en los principales cuerpos militares tras lo sucedido en 2024, cuando las autoridades denunciaron un intento de golpe de Estado contra Arce por parte de un grupo de militares encabezados por el general Juan José Zúñiga.
A pesar de todo esto, la tensión sigue aumentando en las calles, por lo que el Gobierno ha decidido demandar a Morales por terrorismo a raíz del bloqueo de carreteras, que ya deja pérdidas millonarias. Además, el Ejecutivo sopesa recurrir al Ejército "si es necesario" para garantizar la celebración de elecciones y aboga por elevar la crisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, ya de por sí en alerta por la situación de los derechos y libertades de los bolivianos.
El propio Arce, que ha dicho ser objeto de los bloqueos, ha reprochado a los manifestantes buscar "muerte, luto y dolor" para Bolivia. Así, ha vuelto a rechazar la posibilidad de presentar su dimisión: "es importante mencionar que una renuncia no resuelve los problemas, para nada". "Si eso resolviera los problemas, ya nos habríamos ido", ha asegurado.
EL PAPEL DEL TRIBUNAL ELECTORAL
El TSE, por su parte, parece seguir su camino: el pasado 6 de junio, la entidad electoral confirmó la participación de diez candidatos a los comicios tras un pleno que tuvo que ser trasladado desde La Paz hasta Santa Cruz debido a las presiones de los seguidores de Morales, cuya candidatura sigue sin prosperar.
"Las elecciones están garantizadas, aunque hay algunas personas que lo quieren impedir", ha dicho el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien ha presentado la lista de las diez candidaturas, entre las que está la del presidente del Senado, el joven Andrónico Rodríguez, que recibió previamente el visto nuevo del Constitucional pero a través de la Alianza Popular y como parte del Movimiento Tercer Sistema (MTS).
Morales ha negado en todo momento sumarse a Rodríguez por "profundas diferencias ideológicas" y una supuesta "ruptura con los principios y valores del movimiento que lidera". Para él, la candidatura de Rodríguez fue gestada en Estados Unidos, donde se decidió que "la izquierda no debe volver al poder" en Bolivia.
En este sentido, ha denunciado acciones "estratégicas" desde el extranjero para "dividir a los movimientos sociales y frenar las movilizaciones que exigen soluciones a la crisis del combustible", a la que se suma la escasez de dólares. La oposición, por su parte, podría contar con viejos conocidos de la clase política boliviana, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga o el exministro Samuel Doria Medina.
Mientras, el debate sobre una creciente judicialización de la política continúa. Desde el MAS han vuelto a criticar las acciones del Constitucional, al que acusan de tomar decisiones de "carácter político", que fomentan este tipo de enfrentamientos entre poderes.
Ante esta encrucijada política, que se ha ido exacerbando a medida que se acerca la cita electoral, Bolivia debe ahora hacer frente a una creciente polarización y dejar atrás una situación un tanto inusual, en la que se han propiciado candidaturas sin partidos y partidos sin candidatos.