El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz
MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -
A escasos días de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el Consejo de Estado del país latinoamericano ha ordenado al mandatario colombiano, Gustavo Petro, "abstenerse" de "difundir" propaganda electoral.
"El presidente de la República ha incumplido la prohibición establecida en la norma (numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005) y ha difundido propaganda electoral a favor de un partido político, a través de publicaciones y en escenarios públicos, en su condición de servidor público", ha advertido el alto tribunal.
Concretamente, el Consejo ha aludido a "algunas intervenciones públicas y mensajes transmitidos" en redes, como un mensaje en X donde arremetía contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)calificando de "acción dictatorial del uribismo (corriente política conservadora alineada con el expresidente Álvaro Uribe)" a la decisión de ese organismo sobre la personería jurídica de un Pacto Histórico, movimiento político del inquilino de la Casa de Nariño, al que instó entonces a "prender todas las armas" al considerar que el país se encontraba "ante un golpe brutal contra la democracia".
Así pues, el Consejo de Estado ha aseverado en su texto que tanto el mandatario colombiano como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) "han desplegado, de manera reiterada y sistemática, una conducta consistente en la difusión de mensajes y pronunciamientos de contenido electoral, tanto a favor de partidos y proyectos políticos afines como en contra de sectores de oposición y de candidaturas rivales, a través de sus cuentas personales en redes sociales y, en múltiples ocasiones, mediante canales institucionales oficiales del DAPRE".
Del mismo modo, el alto tribunal ha dado la orden de que el procurador general de la nación, "vigile" el cumplimiento de esta sentencia proferida con fecha de 28 de mayo de 2026, en virtud de lo establecido en la Constitución Política y el Decreto 262 y 2000.