Publicado 19/12/2025 10:09

La JEP condena a 20 años de cárcel a un coronel retirado del Ejército de Colombia por 72 'falsos positivos'

Se trata de la primera sentencia de este tribunal en la que se decreta prisión

Archivo - Mural en Bogotá en el que se hace referencia a los al menos 6.402 'falsos positivos'de los que se tiene constancia oficial
Archivo - Mural en Bogotá en el que se hace referencia a los al menos 6.402 'falsos positivos'de los que se tiene constancia oficial - Europa Press/Contacto/Daniel Garzon Herazo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha condenado a 20 años de prisión al general retirado del Ejército Hernán Mejía por la muerte de 72 'falsos positivos', nomenclatura con la que se conoce a los civiles asesinados durante el conflicto armado a los que las autoridades hacían pasar por guerrilleros.

La JEP ha declarado coautor a Mejía de la muerte de estas 72 personas mientras se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa, en Valledupar y ha destacado la colaboración que mantuvo con un escuadrón de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llevar a cabo estos crímenes.

Mejía, que ha negado los hechos, ha sido acusado de homicidio contra personas protegidas, tortura y desaparición, entre otros. Deberá cumplir la condena en prisión. Se trata de la primera vez que la JEP, desde que fue instaurada tras los acuerdos de paz de 2016, impone la pena de cárcel sin medidas cautelares.

En septiembre de este año, otros doce militares del mismo batallón fueron condenados a ocho años de penas alternativas de prisión, centradas principalmente en trabajos para restaurar las integridad de las víctimas y rendir cuentas, por los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 personas entre 2002 y 2005.

Los 'falsos positivos' es como se ha dado a conocer en Colombia a los 6.402 civiles, según cifras de la propia JEP, que fueron asesinados, en connivencia con los grupos paramilitares, por las fuerzas de seguridad e hicieron pasar por guerrilleros, principalmente entre 2006 y 2008, en pleno gobierno de Álvaro Uribe.

El objetivo de estos crímenes era mostrar una falsa sensación de éxito en las operaciones militares contra el narcotráfico y los grupos armados, espoleadas estas prácticas por las condecoraciones y los reconocimientos económicos que ofrecía el Gobierno a cambio de lograr buenos resultados.

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