Archivo - Equipo humanitario de la Defensoría del Pueblo de Colombia, del Alto Comisionado para la Paz y de la Misión de la ONU - DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA - Archivo
MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha confirmado este lunes la liberación de dos empleados de la Fiscalía que permanecían secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde hace año y medio.
Se trata de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) --la policía judicial de la Fiscalía--, bajo custodia del ELN desde el 8 de mayo de 2025, según ha precisado el organismo en un comunicado en sus redes sociales.
Ambos han sido entregados a la Defensoría en Arauca, en el noroeste de Colombia, en el marco de una "misión humanitaria" en la que también han participado la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el país latinoamericano y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
"Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro. En un encuentro previo con sus familiares, conocimos de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo", ha agregado la Defensoría, que ha celebrado el fin de una "etapa de sufrimiento extremo" para los secuestrados.
El organismo ha incidido no obstante en que "esto no debería ocurrir", por lo que ha exigido que el ELN y "todos los grupos armados" pongan en libertad a "todas" las personas bajo su custodia.
También ha recordado que "el denominado 'juicio revolucionario' anunciado por el ELN contra Pacheco y López carece de "validez y legitimidad", por lo que, pese a que han sido liberados antes de la condena impuesta por el grupo, estos "no estaban cumpliendo una pena legítima, sino que permanecían secuestrados".
"Ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación. Su liberación no constituye una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió ser desconocida", ha recalcado así la Defensoría.