MONTERREY, 22 Oct (AGENCIA REFORMA)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por reactivar el enfrentamiento entre el Congreso de Nuevo León y el Gobernador Samuel García, al resolver una controversia constitucional que podría quitar atribuciones al Ejecutivo estatal.
La ministra Loretta Ortiz difundió ayer un proyecto de sentencia que declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Ejecutivo al no publicar el Decreto 340 del Legislativo, aprobado el 22 de febrero de 2023 por la mayoría del PAN y del PRI, en medio de la disputa política y legal entre ambos poderes estatales.
Dicho decreto modifica 27 artículos de la Constitución local que, entre otros efectos, restan facultades al Ejecutivo para intervenir en la elección del Fiscal General. Además, otorga a los diputados la posibilidad de elaborar el Presupuesto estatal si el Gobernador no lo envía dentro del plazo legal, como ocurrió en dos años consecutivos.
El documento también establece que el Congreso podrá destituir funcionarios estatales mediante una “moción de censura”, que deberá aprobarse por dos terceras partes de los legisladores.
Además de omitir la publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado, el Gobernador intentó vetarlas sin éxito y promovió un juicio de amparo ante un juez de Reynosa, Tamaulipas. Por su parte, las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena presentaron en la Corte una acción de inconstitucionalidad que fue desechada.
Mientras tanto, el Congreso presentó la controversia 171/2024 por la no publicación del decreto, cuya resolución está programada para votarse el próximo lunes en el pleno de la Corte.
El proyecto de la ministra Ortiz ordena al Gobernador publicar las reformas en un plazo de 15 días hábiles, aunque la sentencia aún podría modificarse o posponerse.
“Se declara la inconstitucionalidad de la omisión en que incurrió el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León al no publicar el Decreto 340, aprobado en el Congreso de esa misma entidad”, indica el documento, que también ordena al titular del Ejecutivo cumplir con la publicación en el Periódico Oficial a través del Secretario General de Gobierno o del responsable correspondiente.