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MONTERREY 3 Jun. (Paulina Sánchez. AGENCIA REFORMA) -
Ante el "boom" de presuntos fraudes inmobiliarios en Nuevo León, especialistas coincidieron en que falta una Ley sólida que regule las preventas, contemple sanciones, protección a los compradores, lineamientos para fideicomisos e implemente un padrón de desarrolladores.
EL NORTE organizó ayer la mesa de discusión: "Preventas ¿oportunidades de inversión o riesgos?" en la que participaron Josemaría Urrutia, director del Instituto Registral y Catastral del Estado; Pablo Garza Sada, secretario del consejo directivo de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi), y Liliana Leal, representante de afectados de Proyectos 9.
Los especialistas señalaron que aunque se avanzó con las reformas al Código Civil que el Congreso aprobó para regular las preventas, se quedaron cortas para darle certeza a miles de víctimas que han sido defraudadas.
"A las autoridades, sobre todo al Legislativo, urge que empiecen ya a elaborar una ley de preventa", expuso Leal.
"No hay una ley de preventa en donde haya un registro, un padrón de desarrolladores, en donde se inscriban los contratos, en donde se inspeccione; si no avanzan, se les inhabilite", agregó.
Las reformas aprobadas por el Congreso local -que entraron en vigor el pasado 17 de marzo- incluyeron "candados" y una definición de la figura de "preventa inmobiliaria", que facilita a los compradores recuperar lo pagado en caso de incumplimiento.
También prevén la obligación de pagar intereses sobre el monto reclamado, a una tasa de al menos el 9 por ciento anual.
"Es un avance en la dirección correcta", indicó Garza, de la Caprobi, "hablábamos de una regulación específica que dé certeza al comprador, pero al proceso de ejecución también. Y coincido, no estamos ahí donde queremos estar.
"Necesitamos reforzar la regulación para dar certeza a los trámites y procesos que implica la ejecución de un proyecto, y también a una transparencia para el comprador", añadió.
Señalaron además la necesidad de agilizar los trámites municipales, ambientales y de Agua y Drenaje (AyD) para los desarrolladores, quienes esperan hasta 2 años para que se los otorguen.
"Que exista una sola legislación que regule todos los temas que se están viviendo ahorita, hacer mesas de trabajo en el Congreso", mencionó Urrutia.
"También para los desarrolladores el terreno más rápido, pues bueno, a lo mejor no necesitarían sobrevivir nada más de la preventa".