CIUDAD DE MÉXICO 25, (Maru de Aragón)
Como parte de su estrategia legal contra el tráfico ilícito de armas de fuego, México presentó argumentos orales contra las empresas fabricantes de armas ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachusets. En la audiencia de apelación se insistió en que la ley estadunidense que otorga inmunidad a quienes fabrican y comercian armas no tiene efecto en territorio mexicano por lo que deben considerarse los daños causados. En septiembre de 2022, un juez federal de EU desestimó la primera demanda civil presentada, en 2021, por el gobierno de México en contra de los fabricantes y vendedores de armas bajo el argumento del "daño masivo que han causado al facilitar activamente el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México".
La estrategia de México no se detuvo con el fallo y, en marzo pasado, presentó el escrito de apelación en el que señala que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no contiene ninguna disposición explícita que señale que puede ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadunidense por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños causados en México. Además, la apelación insiste en que, aun en el caso de que la PLCAA fuera aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley por lo que el caso de México debe seguir su curso.
De prosperar la demanda, se reclamarían 15 mil millones de dólares por los daños ocasionados, informó Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En conferencia virtual, el funcionario dijo que esa es la cantidad que el Gobierno mexicano estima que ha gastado para enfrentar el uso de esas armas y en reparar los daños que han ocasionado. Puntualizó que en México sólo existe un lugar, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se puede adquirir armas de fuego de bajo calibre, por lo que el resto de armas que circulan en el país entraron de manera ilegal y, en ello, los fabricantes tienen responsabilidad pues han comercializado sus productos de manera negligente.