MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha denunciado este martes ante la Comisión de Fiscalización que las acusaciones en su contra sobre una presunta participación en una trama de corrupción en el seno del Ministerio Público son una "venganza política" del Gobierno.
"Quiero ser enfática en aclarar que no existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal", ha señalado Benavides, que vincula su imputación a la denuncia constitucional prevista contra el primer ministro, Alberto Otárola.
"No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia", ha reprochado la fiscal Benavides, que además tacha de "calumniosa" su imputación, según recoge la emisora andina RPP.
Asimismo, ha cargado contra la fiscal Marita Barreto, quien fue nombrada por la fiscal general antes de que se pusiera en marcha la operación 'Valkiria V', nombre con el que se ha dado a conocer la supuesta trama de corrupción que involucra a Benavides.
Según Benavides, Barreto "sabía muy bien" que iba a haber un cambio en su departamento "debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con procesos mediáticos y no jurídicos".
"La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre, indicando que era para conmemorar y ser galardonada con la detención del expresidente Pedro Castillo, pero lo real fue que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado", ha relatado.
Así las cosas, Benavides ha llegado incluso a entonar el 'mea culpa' ante los congresistas peruanos por "haber confiado en una coordinadora que había sucumbido al apetito del poder", en clara alusión a Barreto.
La fiscal Benavides ha sido acusada de formar parte de una supuesta red criminal en el seno del Ministerio Público con el que habría tratado de influir de manera irregular en la designación de una serie de cargos. La propia Fiscalía y la Policía han puesto en marcha una investigación por presunto tráfico de influencias.
La organización delictiva, teóricamente liderada por Benavides, habría maniobrado para designar, entre otros, al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérres; o para facilitar la inhabilitación de la anterior fiscal general, Zoraida Ávalos.
En respuesta, Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta peruana, Dina Bolurte, y varios de sus ministros por las muertes de manifestantes en las protestas contra su mandato y la inhabilitación y arresto del expresidente Castillo.