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CIUDAD DE MÉXICO 8 Jun. (Víctor Osorio. AGENCIA REFORMA) -
El pasado 27 de mayo se registró en Tijuana una marcha convocada por la llamada "Patrulla Espiritual" en defensa de su modelo de "rescate" e internamiento, no siempre voluntario, en centros de rehabilitación de personas en situación de calle y con consumo problemático de drogas.
Se produjo tras el revuelo causado en la ciudad fronteriza por la difusión en redes sociales, por la propia organización, de un video en el que se observa a algunos de sus integrantes "rescatar" a una mujer trans y trasladarla a uno de sus centros.
Colectivos LGBT denunciaron el hecho como un secuestro, así como lo que consideraron un trato indigno por su condición de género.
Renata Demichelis, directora de Elementa, agrupación integrante de la coalición Menos Daño, advierte que se trata de sólo una expresión de un problema creciente tanto en la frontera norte, como en el resto del País.
En los últimos años, indica en entrevista, la demanda de tratamiento por consumo sustancias, en particular metanfetaminas, ha aumentado a nivel nacional en más del 400 por ciento.
"Este aumento se da en un contexto en donde el Estado no tiene la capacidad institucional de respuesta y entonces han proliferado los centros de tratamiento privado", señala.
A finales de 2024, detalla, había poco más de 2 mil centros registrados por la autoridad, lo que no quiere decir que sean todos, y menos del 10 por ciento estaba operando con licencia.
En 2022, destaca, se aprobó una reforma a la Ley General de Salud que buscaba terminar con los internamientos involuntarios, tanto en temas de adicciones como de salud mental e introdujo la figura del consentimiento informado.
Aunque representó un avance muy importante, considera, ha resultado insuficiente, ya que la capacidad de supervisión y fiscalización continua siendo muy limitada.
"A nivel federal no está presente la Conasama (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones), por ejemplo, que es la instancia que debería de registrar a estos centros, otorgarles la vigencia y estarlos revisando y supervisando constantemente para asegurarse de que cumplan con todos los requisitos", detalla.
"Los requisitos son de distintos tipos, van desde instalaciones, número de camas, espacios, hasta el modelo de atención, cuánto personal institucional debe de existir por cada persona que esté en el centro y cuáles son las especialidades".
En tanto, indica, la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones no ha sido actualizada desde su emisión hace 17 años.
Urgen a prevenir consumo temprano
Menos Daño, explica, es un grupo de organizaciones que trabajan desde distintos ámbitos el tema de política de drogas.
"El objetivo es precisamente poner al centro que un mundo, y un México, sin consumo de sustancias no es posible, y que lo que tenemos que hacer es más bien centrarnos en reducir los daños que el consumo de drogas genera", apunta.
"Es un cambio de narrativa al que le estamos apostando, pero también de enfoque".
Hacen falta, indica, acciones específicas de reducción de riesgos y daños para prevenir sobredosis, para prevenir el consumo temprano en adolescentes, para prevenir que consumos sociales se conviertan en consumos problemáticos.
Advierte que el respaldo que obtienen prácticas de virtual secuestro como las de "Patrulla Espiritual" obedece al rezago institucional en la atención de las adicciones.
"El Estado no tiene la capacidad institucional de proveer atención y solución al problema, y eso está dejando a las familias de las personas que tienen esos consumos problemáticos completamente a la deriva, sin opciones, desesperadas, y por eso es que cada vez más recurren a centros de tratamiento privado", señala.
"Los internamientos involuntarios que realizan las familias no vienen del afán de despojar a la persona de todos sus derechos, sino vienen de un contexto en donde no tienen otra opción. No surgen desde la crueldad".
Por, ello, remarca, las autoridades deben reconocer problema y realmente poner el foco en donde se requiere: la armonización legislativa, definición de políticas públicas y reforzamiento de los mecanismos de supervisión de los centros de rehabilitación.