Siete policías de Juanacatlán logran suspensión condicional tras pagar 180 mil pesos por abuso de autoridad en accidente vial - Cedida
GUADALAJARA 15 Ene. (AGENCIA REFORMA) -
Siete policías de Juanacatlán obtuvieron la suspensión condicional del proceso penal que se llevaba a cabo en su contra por abuso de autoridad luego de que aceptaron pagar más de 180 mil pesos.
Los imputados, identificados como Alma Carmela "N", Hugo Ernesto "N", Josué "N", Luis Armando "N", Rocío Guadalupe "N", María Guadalupe "N" y Ricardo "N", habían sido señalados de extralimitarse y aprovecharse de sus funciones en un accidente vial, informó la Fiscalía Anticorrupción.
Los hechos por los que fueron vinculados a proceso ocurrieron en agosto de 2023, cuando un vehículo particular en el que viajaban seis personas se impactó contra una motocicleta de la Policía del Municipio, en la que viajaba un oficial.
Los imputados acudieron al lugar a auxiliar a su compañero y detuvieron a las personas que iban en el otro vehículo para después trasladarlas a los separos de la Comisaría, sin comunicarse con el Ministerio Público, como marca el protocolo.
El juez municipal, añadió la dependencia estatal, le solicitó a dichas personas 120 mil pesos para reparar el daño de la motocicleta y pagar los gastos médicos del lesionado.
Tras dar la cantidad, las víctimas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, organismo que semanas después informó de todo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los siete policías de Juanacatlán que auxiliaron a su compañero terminaron por ser llevados ante un juez penal, quien los vinculó a proceso el 18 de septiembre de 2024.
Hoy se llevó a cabo la audiencia en Chapala, en la que el juez Arturo González concedió la suspensión condicional a los señalados, tras aprobar el plan de reparación del daño, que los obliga a pagar 130 mil 700 pesos a las víctimas y donar 49 mil pesos al área de cancerología infantil del Hospital Civil de Guadalajara.
Los uniformados, además, tendrán la obligación de residir en un lugar determinado, acreditar un curso de derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares por un año.