Archivo - La bandera de México, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
CIUDAD DE MÉXICO 30 Jun. (Víctor Fuentes. AGENCIA REFORMA) -
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejó en vilo la resolución del litigio del Gobierno de Nuevo León contra un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, fincado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta omisión en la entrega de retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Por ocho votos contra dos, la Sala Superior del TFJA desechó ayer un proyecto del magistrado Julián Olivas, el cual proponía anular de manera lisa y llana el multimillonario crédito fiscal.
Ante el desechamiento, Olivas tendrá que presentar una nueva propuesta en la que aún podría dar la razón a la Administración del Gobernador Samuel García, pero bajo argumentos que no fueron estudiados en este primer intento.
El nuevo proyecto contempla tres rutas posibles: insistir en la nulidad lisa y llana para la cancelación total, proponer una nulidad para efectos que obligue al SAT a reponer el procedimiento de fiscalización, o limitarse a confirmar la legalidad de la deuda.
Cualquier fallo definitivo que dicte el TFJA podrá ser impugnable por ambas partes ante un Tribunal Colegiado de Circuito.
Hasta el momento no hay fecha para que se discuta de nuevo el caso, el cual ya había sido listado en las sesiones de diciembre y abril, y ha sido objeto de un intenso cabildeo personal por parte del Mandatario estatal.
El caso tiene su origen en el 2020, en el Gobierno del independiente Jaime Rodríguez, quien se negó a pagarle al fisco y bajo el mandato de García, que inició en octubre del 2021, se acrecentaron los montos del débito por actualizaciones y multas.
EL DEBATE
Olivas proponía anular el crédito argumentando que el SAT emitió el acta final de fiscalización cuando todavía estaba pendiente un amparo promovido por Nuevo León.
Aunque el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación indica que los plazos de revisión se suspenden si el contribuyente promueve un medio de defensa, el criterio mayoritario de la Sala Superior avanzó en otra dirección.
Por un lado, los magistrados Luz María Anaya, Rafael Anzures y el presidente del Tribunal, José Ramón Amieva, consideraron que el SAT podía seguir adelante debido a que el juez de amparo le negó la suspensión de los actos a Nuevo León y, eventualmente, el propio Gobierno estatal se desistió del juicio.
Por otra parte, los magistrados Rafael Estrada, Zulema Mosri y Eduardo Santillán propusieron la vía de la nulidad para efectos para reiniciar el procedimiento, pero la idea tampoco alcanzó la mayoría.
Al respecto, la magistrada Anaya destacó que, al descartar la violación al artículo 46-A -que es un tema meramente procedimental-, el tribunal podrá estudiar otros agravios de Nuevo León enfocados en el fondo del asunto.
Esto permitirá aclarar si el Estado realmente incurrió o no en la retención ilegal del ISR que le imputa la Federación, lo que podría resultar más benéfico para el contribuyente si se declara fundado.