Policía en Veracruz, México - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE VERACRUZ, MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO 27 Jun. (Agencia Reforma) -
La elección de personas juzgadoras, vía voto popular, va a provocar la injerencia del crimen organizado en la elección de candidatos judiciales, como ya lo ha hecho en los comicios de políticos a cargos públicos, alertó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"La violencia que ha generado el crimen organizado ha permeado en las candidaturas de los partidos políticos, pues las candidatas y los candidatos han preferido dejar de hacer campañas por su seguridad y la de sus familiares. En total, la violencia provocó la renuncia de más de 1,000 candidatos (en la última jornada electoral)".
"No hay razones para suponer que candidatos y candidatas a cargos judiciales estarían exentos de esas dinámicas", advirtió el organismo en el estudio "Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación".
Los candidatos judiciales tampoco estarían ajenos al financiamiento ilegal o a la influencia de los grupos de interés, destacó el diagnóstico del Centro, institución académica enfocada en la resolución de problemas relevantes de la justicia constitucional.
"La elección por voto popular de las personas encargadas de la impartición de justicia genera un riesgo de cooptación de órganos jurisdiccionales por intereses privados, como grandes grupos empresariales o organizaciones criminales".
"Aunque la iniciativa prevé mecanismos de control para evitar la infiltración e influencia de otros actores en los procesos electorales, la experiencia mexicana muestra que no han sido tan eficaces como para evitar que otras personas influyan o se involucren en los procesos para favorecer sus intereses. Los mecanismos previstos por la iniciativa no blindan los procesos electorales ante tal posibilidad", determinó el estudio.
Para el Centro, la propuesta de reforma al Poder Judicial y de establecer como encargado de organizar y vigilar el proceso de elección al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no asegura que las personas candidatas y partidos políticos no realicen actos de proselitismo o reciban financiamiento ilegal, sobre todo en entornos locales controlados en buena medida por organizaciones del crimen organizado.
El Centro también anticipó que la reforma, como se propone, va a derivar en que los juzgadores tomen decisiones que agraden a las mayorías para permanecer en el cargo.
"Si los juzgadores dependen de la voluntad del pueblo para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones pretendan agradar a la de las mayorías en vez de controlar, a costa de decidir en contra de ellas. En este sentido, la pretensión de dotar de legitimidad a las personas juzgadoras podría impactar negativamente la posibilidad de asegurar el cumplimiento mismo de la Constitución".
También remarcó que la iniciativa, en cuanto a la sustitución de facto de juzgadores penales, puede derivar en el reinicio de los procesos y consecuentemente en un retraso severo en su conclusión.
"Esta reposición puede implicar que ciertas pruebas pierdan calidad o validez con el paso del tiempo, lo que a su vez podría llevar a que la sentencia que se dicte en el juicio oral no cuente con la información suficiente y adecuada para resolver el caso", resaltó.
"Por lo tanto, los jueces electos no son -como erróneamente se pudiera creer- garantía de jueces con legitimidad asegurada. Por lo contrario, la desaparición de los concursos de oposición y la probable ausencia de experiencia y/o formación judicial puede derivar en un desempeño y toma de decisiones deficientes. que no resuelvan los problemas actuales de credibilidad institucional que pretende atender la reforma".