CIUDAD DE MÉXICO 15 Dic. (Agencia Reforma) -
Mientras que los directivos de la UNAM y el IPN fueron excluidos del Consejo de Salubridad General, los titulares de Sedena y Semar, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, respectivamente, quienes ya participaban en el organismo, se les dio además de voz, voto, según un decreto publicado el miércoles por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"En ciertas políticas de salud no está tan recomendado, por ejemplo, incluir a las fuerzas armadas en la toma de decisiones porque se les da voto en decisiones que afectan a la población civil, aunque son parte del sistema de salud porque tienen sus hospitales y derechohabientes es muy diferente cómo se atienden a la población civil a la de las fuerzas armadas", advirtió Andrés Quintero, experto de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM.
El también especialista de la Fundación Mexicano para la Salud alertó que llama la atención que se le otorguen cada vez más concesiones, incluido en el ramo de salud, a las fuerzas armadas, como la distribución de medicamentos, además de que la mega farmacia también estará involucrada.
"Tareas civiles que deberían estar a cargo de instituciones civiles, cada vez se interviene más por parte de las fuerzas armadas. Eso pone en riesgo que si las autoridades civiles no están tan de acuerdo con lo que están haciendo o administrando los militares, pues la capacidad que tengamos de discusión y diálogo, sea muy baja, porque ellos tienen la administración, la distribución, incluso en voz y voto en otros entornos que antes no se incluían".
Para el experto, con la exclusión de la academia y de la sociedad civil en el Consejo, se acabaron los contrapesos, los cuales sirven para dialogar lo que es más beneficioso para la mayoría.
Explicó que una de las funciones del Consejo es aprobar ciertos tratamientos.