MÉXICO, 9 Jul (EUROPA PRESS)
En Jalisco, un tribunal mexicano dictó una sentencia histórica al condenar a diez individuos a penas que suman más de 140 años de prisión por su involucramiento en una serie de crímenes atroces relacionados con un rancho utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este lugar, ubicado en el estado de Jalisco, fue descubierto con evidencias macabras de su utilización como centro de confinamiento, entrenamiento, y ejecución ilegales, incluyendo la presencia de restos humanos y hornos crematorios clandestinos.
Los implicados fueron arrestados en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, en la localidad de Teuchitlán, después de que la policía actuará ante informes de disparos en el área. Este operativo culminó en un enfrentamiento armado que permitió la detención de los sospechosos y el hallazgo de un cuerpo, además de dos personas secuestradas, lo que llevó a investigaciones más profundas en el sitio.
La Fiscalía de Jalisco informó que las condenas impuestas ascienden a 141 años y tres meses de cárcel por los delitos de "desaparición cometida por particulares" y "homicidio calificado", además de obligar a los responsables a cubrir 1,3 millones de pesos mexicanos en concepto de reparaciones. Este veredicto representa una de las sentencias más severas dictadas por estos crímenes hasta la fecha, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en la desaparición forzada de personas.
Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo presente la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, destacó la importancia de brindar una respuesta decisiva a años de impunidad en la región. Asimismo, se reveló que el cártel engañaba a jóvenes bajo el pretexto de ofrecer empleos bien remunerados como guardias de seguridad, solo para después retenerlos incomunicados y someterlos a entrenamientos y actividades ilegales dentro de su estructura criminal.
Este caso subraya el compromiso inquebrantable de las autoridades mexicanas de combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas de crímenes relacionados con el crimen organizado.