CIUDAD DE MÉXICO, 9 May. (Agencia Reforma) -
La Fiscalía General de la República (FGR) litiga para que el proceso contra Emilio Lozoya por los Casos Odebrecht y Agronitrogenados ya no los instruya el juez de control Gerardo Alarcón, por estar en una situación de conflicto de interés.
En una audiencia celebrada el pasado 18 de abril, la FGR pidió que no se considere a Alarcón, alegando que no puede ser imparcial porque la propia Fiscalía presentó una denuncia en su contra, lo que puede influir en sus decisiones en el proceso.
En esa diligencia, el propio juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte rechazó declararse impedido para tramitar el procedimiento, por lo que la FGR impugnó su determinación. El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación tiene pendiente resolver el recurso de la Fiscalía.
Ayer, en el Caso Agronitrogenados, el juez Gerardo Alarcón, quien también lleva el proceso, aplazó hasta nuevo aviso la audiencia en la que la FGR iba a acusar a Lozoya por lavado de dinero y a pedir que fuera condenado a 15 años de prisión.
Alarcón acordó que llevaría a cabo la diligencia sólo si un tribunal de apelación ratificaba que él no estaba impedido para tramitar el procedimiento contra el ex director de Pemex.
La FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidieron a Alarcón excusarse del Caso Agronitrogenados, porque en octubre pasado el Fiscal federal, Kristian Javier Jiménez Hernández, presentó una denuncia en su contra y de los tres Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, por dictar fallos presuntamente parciales en favor de Lozoya.
En la denuncia se acusa a Alarcón y a los Magistrados por haber anulado ilegalmente del Caso Odebrecht los documentos bancarios que son clave para acreditar los supuestos sobornos de la empresa brasileña al ex director de Pemex.
El juez decretó que es ilícita toda la información bancaria entregada por Brasil y Suiza a la FGR, para probar los supuestos sobornos de la constructora brasileña a Lozoya, porque no fue obtenida mediante una orden judicial.
Para la Fiscalía y las otras dependencias, la carpeta de investigación iniciada por esta querella compromete la imparcialidad de Alarcón para tramitar el proceso de Agronitrogenados.
Sin embargo, el juez rechazó declararse impedido y aseguró que la solicitud de la parte acusadora era infundada porque carecía de justificación jurídica.
"Cuando protesté el cargo de juez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para hacer valer la ley y la Constitución, no hay una circunstancia que nuble mi discernimiento (...) no tengo ningún ánimo de aversión o animadversión de quien me denunció, porque no lo conozco. Si resuelvo en favor de la Fiscalía, de la UIF, Pemex o la defensa no puede ser motivo de excusa porque esa es mi función.... Porque entonces la Fiscalía tendría que buscar jueces que tengan criterios para que le favorezcan", dijo.
En esta audiencia, Alarcón también ordenó reanudar las medidas cautelares a las que Lozoya estaba sujeto antes de ser encarcelado, es decir, el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.