CIUDAD DE MÉXICO, 3 Abr. (Agencia Reforma) -
La seguridad de los candidatos y políticos está en el aire.
Pese a que en cada elección prácticamente todos los aspirantes asesinados son del ámbito local, el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal dejó en manos de las Policías estatales su resguardo.
La SSP federal señaló al órgano electoral de Guanajuato de no haber brindado protección a la candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, quien fue asesinada a balazos.
Ricardo Sheffield, candidato de Morena al Senado, reprochó que autoridades electorales de Guanajuato pidieron una cantidad "impresionante" y "ridícula" de documentos a Gisela Gaytán para ofrecerle seguridad.
En una reunión el 2 de febrero entre los titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional y Marina con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se estableció que el Gobierno federal sólo protegería a candidatos a la Presidencia, al Congreso federal, así como a las nueve gubernaturas.
En ese acuerdo se determina que los aspirantes a un cargo federal y a las gubernaturas presentarán al INE un formulario solicitando la protección, y la Guardia Nacional analizará el nivel de riesgo para determinar si es viable, y de serlo, establecer el número de elementos que cuidarán al aspirante, de qué corporación, así como el número de unidades.
Por ello, las solicitudes que lleguen al INE o sus 32 delegaciones serán canalizadas a los OPLES, lo cual también se estableció para el ámbito local.
"Se busca repetir este esquema de colaboración a nivel local, en coordinación con los Organismos Públicos Locales", establece el acuerdo pactado con el INE, sin que el Gobierno federal estableciera una coordinación oficial con los Gobiernos estatales para que esto se concretara.
Así, cada instituto electoral y Gobierno estatal han definido su propia estrategia.
Sin embargo, representantes de partidos ante los OPLES acusan planes deficientes, falta de coordinación, requisitos excesivos, pretextos como la falta de elementos o simplemente la inexistencia de un protocolo, con el argumento de que las campañas locales comienzan entre el 31 de marzo y 30 de abril.
Este escenario es el mismo en estados gobernados por Morena o la Oposición.
Por ejemplo, el líder del PRD en Morelos, Sergio Prado, explicó que el organismo electoral les envió un oficio en el que aclara que quien requiera protección deberá levantar primero una denuncia por amenazas ante la Fiscalía estatal.
Esta instancia definirá si manda el caso ante la Comisión Estatal de Seguridad, que únicamente les ofrece una "pulsera de pánico" para que los candidatos la activen en caso de emergencia y enviar seguridad, pues no tienen policías suficientes.
En las últimas semanas han, agregó, pedido seguridad para cuatro candidatos a Alcaldes, uno de ellos, el de Cuautla, quien sufrió un atentado hace unos días.
"Pese a que ya cumplimos con todo el protocolo, hasta el día de hoy no tienen protección, ni quien sufrió un atentado. El argumento es que no hay elementos ni presupuesto. Somos la entidad más delictiva", comentó.
En el caso del Edomex, que inicia campañas el 26 de abril, el representante suplente del PRD ante el IEEM, Agustín Uribe, informó que les anunciaron una estrategia, pero con la advertencia que aún no está en marcha.
En dicho oficio se indican dos vías: la Fiscalía levantará las denuncias y determinará el nivel de riesgo y medidas, y el IEEM recibirá solicitudes para canalizarlas a la Secretaría General del Gobierno estatal para que las mande a la Fiscalía.
En este caso, se consultará a los Alcaldes si pueden proporcionar policías, y los candidatos deberán acercarse a la Secretaría de Seguridad para saber los riesgos en la región en la que compiten.