CIUDAD DE MÉXICO 29 Nov. (Agencia Reforma) -
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es, desde 1995, el órgano encargado de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, salvo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
Lo integran la Presidenta de la Corte, tres magistrados de circuito electos por la Corte, dos consejeras designadas por el Senado y uno por el Ejecutivo.
El CJF procesa las denuncias y quejas administrativas contra juzgadores. Tiene facultades para suspenderlos para investigación, y de encontrarlos responsables, para amonestarlos, multarlos, suspenderlos (como sanción), destituirlos y/o inhabilitarlos para el servicio público.
Si bien el CJF puede revisar la actuación de los juzgadores, no puede sancionarlos por sus criterios jurídicos, mismos que sólo pueden ser revocados por instancias judiciales superiores como parte de los litigios.
La gran mayoría de las sanciones, por tanto, derivan de conductas como acoso laboral o sexual, negligencia, incompetencia evidente o rezago injustificado.
En los ultimos 8 años 15 jueces o magistrados han sido destituidos.
Los jueces o magistrados destituidos por el CJF pueden impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, que en 2023 ya anuló al menos una destitución y una inhabilitación impuestas a un juez y un magistrado durante la Presidencia de Arturo Zaldívar (2019-2022).
Si un juez o magistrado es sospechoso de un delito, la Fiscalía General de la República puede abrirle una carpeta de investigación, pero para detenerlo y enjuiciarlo, debe estar suspendido de su cargo por el CJF.