Archivo - La ex primea ministra peruana Betssy Chávez - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo
MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de Perú ha renovado la orden de ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional, contra la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a más de once años de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, pese a que actualmente se encuentra en México bajo protección diplomática.
La decisión ha sido adoptada por el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, mediante una resolución fechada a 14 de agosto de 2026, en la que ordena mantener la vigencia de las mediadas destinadas a localizar y detener a Chávez para ejecutar la sentencia condenatoria dictada por la Sala Penal Especial de este tribunal.
El fallo, de diciembre de 2025, condenó a la ex primera ministra como coautora del delito de conspiración para una rebelión contra el Estado peruano y estableció una pena efectiva de once años, cinco meses y 15 días de prisión, de la que debe descontarse el periodo que la acusada ya permaneció privada de libertad.
En este contexto, Checkley ha dispuesto que se renueven periódicamente las órdenes de captura y que la medida sea comunicada tanto a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional como a la Oficina Central Nacional de Interpol, en la capital peruana.
La actual resolución recuerda además que el pasado 19 de mayo ya se había remitido a la Policía Judicial una orden para proceder a la ubicación y captura de Chávez dentro y fuera del país. Este nuevo pronunciamiento pretende garantizar la continuidad de esa medida y facilitar la ejecución provisional de la condena.
Chávez, sin embargo, abandonó Perú tras permanecer varios meses en la residencia de la Embajada de México, en Lima. El Gobierno mexicano le concedió asilo diplomático y posteriormente recibió un salvoconducto que le permitió salir de la sede diplomática y desplazarse a México en una aeronave militar.
LA DEFENSA CUESTIONA LA MEDIDA JUDICIAL
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, ha rechazado la decisión del juez y ha sostenido que las autoridades peruanas no podrán ejecutar la captura mientras su defendida permanezca bajo la protección de México.
"Puede renovar oficios cuantas veces quiera señor Checkley, pero lo que no puede es renovar la burda mentira de que la jurisdicción peruana está por encima de la soberanía de México y del Derecho Internacional", ha reivindicado Noblecilla en un mensaje difundido en redes sociales.
En la misma línea, el abogado ha firmado que Chávez se encuentra plenamente localizada en México y ha cuestionado que una resolución judicial peruana pueda tener efectos en territorio mexicano. "Una resolución peruana no gobierna el territorio mexicano ni convierte a INTERPOL en policía de persecuciones políticas", ha proseguido.
Llegados a este punto, Noblecilla ha insistido en que el asilo concedido por México debe ser respetado por las autoridades de Lima y ha apelado a las garantías previstas en la legislación nacional.
"Betssy Chávez se encuentra protegida en México. El articulo 36 de la Constitución reconoce el asilo político y obliga a nuestro país a aceptar la calificación realizada por México", ha subrayado el abogado de la ex primera ministra, antes de cuestionar nuevamente la actuación del magistrado y reclamar que la disputa se aborde desde una perspectiva jurídica y no política.
MÉXICO Y PERÚ RETOMAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS
La salida de Chávez de la Embajada mexicana se produjo en el marco de un acercamiento entre México y Perú, cuyas autoridades decidieron a comienzos de agosto retomar relaciones diplomáticas tras resolver la crisis en torno a la ex primera ministra peruana.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció la recuperación de las relaciones diplomáticas bilaterales después de que las autoridades peruanas autorizaran mediante un salvoconducto el traslado de la ex primera ministra a México.
"Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú", declaró Sheinbaum durante una de sus conferencias de prensa matutinas, en la que puso de relieve los "históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación" entre ambos países y describió la decisión peruana como un gesto de "buena voluntad" hacia el Gobierno mexicano.
Chávez permanecía desde principios de noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada de México en Lima, institución que le concedió asilo político tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Castillo, en un acto que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hacía varios años.
Perú ya había expresado su malestar con México después de que hubieran estado criticando las medidas que se le impusieron al expresidente Castillo, cuya familia sí logró el asilo en el país norteamericano.
Chávez, que había reclamado sin éxito una medida de gracia apelando a su mal estado de salud, ha estado refugiada durante todos estos meses en la Embajada mexicana en Lima, cuya seguridad ha estado a cargo de Brasil, después de que Perú decidiera cortar las relaciones diplomáticas.
La ex primera ministra fue finalmente condenada por su papel en el intento de Castillo de disolver el Congreso y reorganizar las instituciones del Estado en diciembre de 2022; así como a una inhabilitación de dos años para ejercer determinadas funciones y cargos públicos.
La resolución de la Corte Suprema también establece una reparación civil conjunta de doce millones de soles que deberán asumir los condenados Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.