MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la potestad de cancelar el estatus de protección de alrededor de 300.000 venezolanos, lo que permitiría su deportación, un fallo similar al que la Corte Suprema ya emitió en mayo y que responde a la solicitud de la Administración estadounidense después de que un tribunal inferior decidiera lo contrario.
"Aunque la situación procesal del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí", indica la sentencia emitida por el Supremo.
Por su parte, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha lamentado la decisión de la Justicia estadounidense y ha instado a Washington a "revisar" su política migratoria de manera que los venezolanos que "se vieron forzados a emigrar" a EEUU puedan permanecer en el país de manera legal.
"Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación", ha expresado la formación en una breve publicación en la red social X.
A este respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU ha incidido en que, como su propio nombre indica, el Estatus de Protección Temporal "siempre se supuso que sería solo eso, temporal", y ha señalado que las reformas acometidas por Trump en materia de migración --lejos de atender a las demandas de la población venezolana-- buscan "restaurar" el sistema migratorio estadounidense "para que realmente beneficie a sus ciudadanos".
"Las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto. Ahora que la ley y el pueblo estadounidense están de nuestro lado, la secretaria Noem seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses", se lee en un comunicado emitido este mismo viernes por el DHS.
A comienzos de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los migrantes venezolanos en EEUU, antes del plazo estipulado por su antecesor en el cargo, Alejandro Mayorkas, durante el mandato de Joe Biden.
A finales de marzo, un juez federal frenó las intenciones de la Administración Trump. Pocos meses después, en mayo, la Corte Suprema avaló la decisión Kristi Noem, lo que abrió la puerta a inminentes expulsiones.
El juez federal del distrito del norte de California Edward Chen --quien fue el primero en pronunciarse en contra-- volvió a emitir a finales de agosto un fallo, definitivo en este caso, que cuestionaba la revocación del TPS. Siguiendo el mismo camino que en la anterior ocasión, Noem recurrió al Tribunal Supremo, que de nuevo ha dado la razón al Gobierno estadounidense.
Tres magistrados liberales del tribunal han rechazado la sentencia y la jueza Ketanji Brown Jackson --que ha disentido-- ha sostenido que este es "otro grave abuso de (nuestro) expediente de emergencia" y ha denunciado que se permita al Gobierno de Trump alterar la "vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible".
La medida adoptada por Biden en enero facilitaba que los venezolanos pudiesen seguir beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que abre la puerta que puedan trabajar de manera legal en Estados Unidos y les protege de deportaciones inminentes. Según los planes de Trump, el TPS debía haber terminado ya para Venezuela el pasado 7 de abril.