Publicado 17/11/2026 06:43

Europa.-AMP.- ONU muestra su "preocupación" por el acuerdo de cinco países de la UE con Ruanda para expulsar a migrantes

Turk recuerda que estas personas "no tienen un vínculo real" con Ruanda, que "hace frente a sus propios desafíos" en DDHH

Save the Children alerta de que el acuerdo "plantea graves riesgos para la infancia y sus familias"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk (archivo)
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

Turk recuerda que estas personas "no tienen un vínculo real" con Ruanda, que "hace frente a sus propios desafíos" en DDHH

Save the Children alerta de que el acuerdo "plantea graves riesgos para la infancia y sus familias"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha expresado este martes su "preocupación" por el acuerdo alcanzado por cinco países de la Unión Europea (UE) --Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria-- con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, adonde podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal --incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo--, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.

"Aunque no conocemos el texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los Derechos Humanos que conlleva el traslado, planteado en la propuesta, de personas desde cinco países de la UE hacia Ruanda", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha resaltado que el país africano es uno con el que estas personas "no tienen un vínculo real" y que, a su vez, "hace frente a sus propios desafíos en materia de Derechos Humanos".

"Somos conscientes de lo complejas, politizadas y polarizadas que se han vuelto las cuestiones relacionadas con la migración", ha señalado, antes de destacar que "la solución no reside en medidas aisladas, a menudo sumamente costosas, que consisten en buscar países lejanos para gestionar un aspecto de la gobernanza migratoria, ni tampoco en externalizar las obligaciones relativas a los Derechos Humanos".

Así, ha defendido que la respuesta a estos desafíos a nivel de migración "radica en un análisis más profundo de los factores que impulsan la migración, entre los que se incluyen diversos desafíos en materia de Derechos Humanos, profundas desigualdades en muchas partes del mundo, un sistema económico y financiero injusto que perjudica a numerosos países del Sur Global, un aumento de los conflictos violentos y una mayor tensión geopolítica".

"Estos problemas deben abordarse de frente y con determinación, lo que implica realizar inversiones adecuadas que ataquen las causas fundamentales de la migración y generen oportunidades viables en los países de origen", ha manifestado, antes de recordar que "al mismo tiempo, las sociedades del Norte Global están envejeciendo rápidamente y enfrentan tanto la escasez de mano de obra en sectores clave como desafíos en torno a la sostenibilidad de sus sistemas de protección social".

Por ello, Turk ha hecho hincapié en que "todo ello exige un enfoque integral de la gobernanza migratoria, fundamentado en los Derechos Humanos, que contemple la ampliación de vías de migración regular y reconozca las enormes contribuciones que realizan los migrantes a las sociedades y economías europeas".

CRÍTICAS DE SAVE THE CHILDREN

En esta línea, la organización no gubernamental Save the Children ha expresado igualmente su "grave preocupación" por el impacto que podría tener el acuerdo en la infancia y ha explicado que, si bien las familias con menores quedarían excluidas inicialmente, podrían verse afectados "de forma directa o indirecta".

La ONG ha apuntado a "importantes interrogantes" sobre el funcionamiento de las salvaguardas, especialmente para personas que sean identificadas erróneamente como adultos, mientras que los menores podrían quedar apartados de sistemas de apoyo que necesitan para sobrevivir y desarrollarse.

"Ninguna niña, niño o adolescente debería ser enviado, retenido o procesado en un centro de retorno", ha señalado, Federica Toscano, asesora principal de incidencia política de Save the Children Europa, que ha denunciado que el acuerdo "plantea graves riesgos para la infancia y sus familias".

"Un centro de retorno situado fuera del alcance jurídico de la UE dificultará estructuralmente el acceso y la supervisión por parte de mecanismos independientes encargados de vigilar cómo se trata a la infancia en estos lugares", ha argumentado, antes de insistir en que "los gobiernos europeos no deben impulsar políticas que puedan situar a niñas, niños y adolescentes fuera de una protección y supervisión efectivas".

De esta forma, ha hecho hincapié en que estos gobinernos "deben garantizar que cualquier asociación migratoria con un tercer país refuerce los Derechos Humanos y la protección de la infancia, en lugar de exponerla a mayores riesgos y daños".

"Sea cual sea la forma final que adopte este mecanismo, nos preocupa profundamente que niñas, niños y adolescentes puedan acabar separados de sus familias y de las personas adultas de referencia en quienes confían, privados de apoyo jurídico y retenidos en condiciones similares a la detención", ha dicho.

Toscano ha remarcado por tanto que "esta propuesta podría hacer que la infancia quedara fuera de la vista pública, sin garantías de una supervisión efectiva del respeto a sus derechos y sin mecanismos claros de rendición de cuentas en caso de vulneraciones", sumándose a las críticas expresadas en la víspera por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

Se trata del primer acuerdo negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos --contra la que votó España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación--.

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