Archivo - Médicos de la Comunitat Valenciana se concentran contra contra el borrador del Estatuto Marco y por una norma específica - CESM-CV - Archivo
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) han anunciado que emprenderán acciones conjuntas para reclamar la recuperación íntegra de la paga extraordinaria recortada en 2010 al personal funcionario y estatutario.
Las organizaciones recuerdan que lo que se puso en marcha en 2010 como un recorte temporal y excepcional, como respuesta para afrontar una crisis económica, se ha perpetuado de "manera inexplicable, injusta y arbitraria". Un recorte que afecta a unos 2,9 millones de empleados.
Así, denuncian que la inacción de los responsables políticos ha generado un problema estructural que supone que en estos 16 años el personal funcionario y estatutario haya acumulado una pérdida de poder adquisitivo "muy superior" a lo pretendido inicialmente, ya que mientras que el recorte fue porcentual, incidiendo más en los sueldos de mayor cuantía, las "escasas y exiguas" subidas posteriores han sido lineales.
En cuanto a médicos se refiere, CESM recoge los datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada para señalar que un facultativo verá recortada su paga de verano en 724,64 euros, 1.449,28 euros si se suma la de diciembre, por lo que desde 2010 son 20.352,14 euros de recorte hasta este mes de junio únicamente en conceptos de sueldo y trienios. Así, calcual que se trata de una pérdida de poder adquisitivo -teniendo en cuenta el IPC- del 25 por ciento en cuanto al sueldo base anual y del 16 por ciento en cuanto a complemento de destino desde 2010.
Por su parte, FEDECA estima que para los funcionarios a los que representa, la medida supuso en la mayoría de los casos un recorte superior al 10 por ciento en sus salarios. La paga extra se ha recortado entre 550 y 1.750 euros dependiendo de la antigüedad del empleado, lo que supone una descomunal pérdida acumulada en estos últimos 16 años, a la que se añade el efecto de la inflación.
Además, los funcionarios de prisiones (TAMPM) consideran que en estos años han dejado de percibir unos 6.000 euros, mientras que los inspectores de Educación (USIE) señalan que su recorte supone en torno a los 15.000 euros, teniendo en cuenta las diferencias retributivas autonómicas.
Ante esta situación, las organizaciones denuncian que no existen argumentos actualmente para mantener lo que se ha convertido, a su juicio, en un "agravio y una discriminación" para los empleados públicos. Las entidades señalan que la crisis económica que fundamentó el recorte en 2010 se dio por superada de manera oficial, y desde entonces ningún gobierno ha mostrado voluntad por revertir la medida, incluso en un momento de máximo histórico en la recaudación fiscal.
Por todo ello, han pedido reuniones tanto a los grupos políticos con representación parlamentaria como a los ministerios implicados con el objetivo de exponer la situación de miles de empleados públicos y reclamar que se ponga fin al agravio. Además, han iniciado contactos con sindicatos de otros colectivos afectados para coordinar acciones conjuntas a partir de septiembre si no se ven atendidas sus demandas.