Cuatro de los cinco acusados y sus defensas durante la vista en la Audiencia de Valladolid que ha tenido que ser suspendida este martes ante la incomparecencia de la presunta cabecilla. - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid ha acordado dictar una euroorden europea e internacional con el fin de localizar y detener a Lorenza C.P, una mujer de origen paraguayo a la que se imputa ser la presunta cabecilla de una red de trata de seres humanos, integrada por otras cuatro personas, que fue desarticulada en noviembre de 2022 y cuyo juicio previsto para este martes ha tenido que ser suspendido ante la incomparecencia de la supuesta 'madame', que se encuentra en paradero desconocido.
La decisión de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha sido acordada tras escuchar a todas las partes personadas en la causa, tanto el fiscal como las defensas, quienes han coincidido al solicitar al tribunal la suspensión de la vista al entender que la presencia de la principal inculpada, alias 'Lorena' y 'Nicole', además de por la elevada pena que se pide para ella, es fundamental para no provocar la indefensión del resto de los ocupantes del banquillo.
Ante ello, el magistrado presidente del tribunal sentenciador, en una decisión recogida por Europa Press, ha resuelto dictar una euroorden europea e internacional para dar con el paradero de la no compareciente y garantizar su presencia en el juicio, para el que se han fijado como nuevas fechas los días 23, 25 y 26 de junio. Además, la sala ha estimado igualmente la pretensión de la defensas de tratar de localizar a varios testigos protegidos--supuestas víctimas--para que sus clientes no vean vulnerado su derecho a la posibilidad de contradecir su versión de los hechos.
En el caso de la principal inculpada, las defensas también han recordado que hasta la fecha la mujer ni siquiera prestó declaración en fase de instrucción, de ahí que su incomparecencia no podría ser solventada con la mera reproducción en sala de su declaración, al no constar la misma.
Al citado clan paraguayo se le imputa un total de catorce delitos. La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, Lorenza C.P, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.
FOTOS PROFESIONALES EN LENCERÍA O SEMIDESNUDAS
El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las 'turistas' eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.
La propia acusada asignaba a cada víctima su 'nick' o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertada 'Lorena', fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado. Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.
Normalmente, existía una chat compartido por la acusada y las víctimas, 'Nicole Relax', a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de whatsapp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.
La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado. Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.
DISTRIBUCIÓN DE DROGA ENTRE CLIENTES
En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar éste servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.
En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.
A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.
En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.