Archivo - Audiencia de Valladolid confirma reagrupación de acusaciones en el caso de la Funeraria El Salvador. - EUROPA PRESS - Archivo
VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid acogerá a partir de este lunes, 2 de marzo, la primera jornada del macrojuicio por la denominada 'Operación Ignis', la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador entre los años 1995 y 2015 relacionada mediante el 'cambiazo' de ataúdes antes de la cremación para su posterior reventa.
Tras las macrocausas de 'La Perla Negra' y, más recientemente, de la 'trama eólica', la Audiencia de Valladolid alza el telón para este nuevo macroproceso que se extenderá hasta el mes de junio y que arrancará este lunes con una sesión dedicada al planteamiento de las cuestiones previas por las partes y la posibilidad de que se alcancen acuerdos de conformidad, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
En el banquillo de los acusados se sentarán finalmente 23 personas, para quienes la Fiscalía de Valladolid solicita penas que, en su conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos. Han quedado fuera de la causa por fallecimiento el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicho grupo y principal testigo, Justo Martín, quien a lo largo de años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva.
HASTA 20 AÑOS PARA EL NÚCLEO FAMILIAR
Las peticiones de condena más elevadas del Ministerio Público se dirigen contra la viuda del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y sus tres hijos, Ignacio, Laura y María del Rosario M.V. Para cada uno de ellos se interesan penas de 20 años de cárcel, además de inhabilitaciones para la prestación de servicios funerarios durante tres décadas y multas que podrían alcanzar los 12 millones de euros.
Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilaban entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública interesaba nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.
La complejidad del caso, que cuenta con más de 1.300 familias afectadas y cerca de 900 denuncias, ha llevado a la Audiencia a diseñar un calendario que se prolongará hasta el próximo 9 de junio a lo largo de 35 sesiones. Tras las cuestiones previas de este lunes, está previsto que el 9 de marzo comiencen las declaraciones de los 239 testigos y 17 peritos citados.
Una de las particularidades de la vista será el turno de declaración de los acusados, que no se producirá hasta la recta final del juicio, concretamente a partir del 20 de mayo, para garantizar que puedan responder a las pruebas practicadas durante el proceso.
Para agilizar el desarrollo de la vista oral, la Audiencia ordenó la reagrupación de las acusaciones particulares, de modo que cada letrado representa a un mínimo de 54 fallecidos, evitando así dilaciones indebidas ante el elevado número de perjudicados personados.
'MODUS OPERANDI': EL 'CAMBIAZO'
La investigación policial que estalló en enero de 2019 sostiene que la funeraria retiraba los féretros de mayor valor adquiridos por las familias antes de proceder a la incineración de los cuerpos en el crematorio de Santovenia de Pisuerga. En cuanto al 'modus operandi', la acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible.
Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y se articulaba en dos fases. La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, de forma que los cadáveres eran introducidos en el horno sobre tablones o en cajas de inferior coste, mientras que los ataúdes originales se limpiaban y se volvían a introducir en el circuito comercial para ser revendidos a otros clientes como nuevos.
En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.
"Todas estas actuaciones eran desconocidas por los familiares y allegados de los difuntos que iban a ser incinerados y a los que se les privaba del ataúd en dicho proceso, pues a tales familiares se les negaba la posibilidad de ver la entrada al interior del horno crematorio. Pero también se ocultaban esas circunstancias a los familiares y allegados de los nuevos fallecidos a quienes se vendían como originales las arcas que ya se habían utilizado antes y que, en su mayor parte, iban a destinarse en ese siguiente uso a entierros o inhumaciones", recoge el escrito acusatorio.
NECESARIA COLABORACIÓN DE EMPLEADOS
La estrategia ideada por Ignacio M.A, a juicio del fiscal, requería de la necesaria colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio.
Se estima que durante las dos décadas que duró la supuesta actividad ilícita se pudieron reutilizar 6.055 féretros, generando un beneficio económico la Funeraria Castellana y Parque El Salvador igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas. Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.
El propietario del negocio, Ignacio M.A, de 75 años, ya fallecido, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.