Archivo - Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça (derecha) y Alexandre de Moraes (a su lado) en un juicio - GUSTAVO MORENO/STF - Archivo
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, ha ordenado a los jueces del STF André Mendonça y Alexandre de Moraes, a la Fiscalía General y a la Policía Federal (PF) que proporcionen información en un plazo máximo de cinco días acerca del informe policial, filtrado esta semana, que recoge mensajes enviados por el investigado expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, a De Moraes, en el marco de una investigación sobre "presuntas irregularidades en las investigaciones de la PF que involucran a autoridades con jurisdicción en el Tribunal".
"Fachin ha determinado este jueves la apertura de un procedimiento para investigar presuntas irregularidades en las investigaciones de la Policía Federal que involucran a autoridades con jurisdicción en el Tribunal", reza al nota de prensa del Supremo.
En virtud de este proceso, el presidente del tribunal "ha fijado un plazo común de cinco días hábiles para que los magistrados Alexandre de Moraes y André Mendonça, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, presenten aclaraciones por escrito".
Lo ha hecho actuando de oficio, como recoge el propio documento judicial --comprobado por Europa Press--, que alude tanto a la petición del juez Mendonça de una sesión plenaria para analizar los mensajes que indican comunicación entre su par De Moraes y Daniel Vorcaro, como a la petición del fiscal general de que se anule el documento en el que figuran los citados mensajes.
"Es responsabilidad de la Presidencia del Tribunal garantizar que cualquier posible revisión colegiada se lleve a cabo de manera oportuna y adecuada, con el alto sentido de responsabilidad que exigen los hechos, asegurando siempre el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, la defensa plena y el derecho a una audiencia justa", ha reivindicado Fachin.
En este marco, el presidente del STF ha afirmado que "es necesario esclarecer los hechos" así como recabar información acerca del "cumplimiento por parte de la Policía Federal, en relación con las autoridades competentes ante el Supremo Tribunal Federal".
A este respecto recuerda que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, "cuando en el curso de una investigación existan indicios de la comisión de un delito por un magistrado, la autoridad policial, civil o militar, remitirá los expedientes correspondientes al tribunal u órgano especial competente para el enjuiciamiento, para que este pueda continuar con la investigación".
Fachin también busca conocer "cualquier indicio de que se hayan utilizado credenciales de acceso institucional para evaluar un documento estrictamente privado y de que se haya revelado información sujeta a secreto judicial a la persona investigada".
Además, la orden de entrega de información también tiene como objetivo averiguar "las circunstancias en que se emitió la orden" de elaboración del informe policial en cuestión, así como "las medidas adoptadas en el ejercicio del control externo de la actividad policial para garantizar el estricto cumplimiento" de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial.
DE MORAES PIDE A FACHIN INVESTIGAR A MENDONÇA
A pesar de que la orden del presidente del Supremo no lo recoge, el juez Alexandre de Moraes ha solicitado poco antes que se investigue al magistrado André Mendonça por "mala conducta administrativa, abuso de autoridad y mala praxis" en su gestión de dos casos judiciales, uno de ellos el del Banco Master.
"Existen pruebas contundentes de mala conducta administrativa, abuso de autoridad y mala praxis por parte del magistrado André Mendonça (...) con una violación de la imparcialidad judicial y favoritismo hacia ciertos grupos políticos", ha afirmado De Moraes en su petición a Fachin, recogida en un documento judicial cotejado por Europa Press.
En concreto, el juez le atribuye a su par, en primer lugar, la "usurpación de la dirección de las investigaciones de las autoridades policiales, incluida la imposición de medidas administrativas que impidieron el cumplimiento de la cadena de custodia, lo que perjudicó la obtención de pruebas".
Además, le afea una "gestión irregular de las negociaciones para una posible colaboración premiada" y una "selección de determinados objetivos para la investigación", nombrándose específicamente a sí mismo y al senador Davi Alcolumbre, presidente del Senado, y atribuyendo a esa supuesta conducta "motivos personales y políticos, incluyendo la indicación previa de medidas cautelares" a la Policía Federal.