Publicado 18/09/2025 02:17

HRW dice que los bombardeos de EEUU contra supuestos narcotraficantes son ejecuciones extrajudiciales

07 September 2025, US, Washington: US President Donald Trump departs the White House for a quick trip to New York to attend the finals of the US Open tennis tournament. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa
07 September 2025, US, Washington: US President Donald Trump departs the White House for a quick trip to New York to attend the finals of the US Open tennis tournament. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

La ONG recalca que Washington "no puede ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusa de tráfico de drogas"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra dos embarcaciones supuestamente usadas por narcotraficantes en aguas de Venezuela suponen ejecuciones extrajudiciales y ha alertado de los intentos de la Casa Blanca de expandir su autoridad en este tipo de operaciones, algo que podría derivar en nuevas violaciones de los Derechos Humanos.

"Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas", ha dicho la directora de HRW en Washington, Sarah Yager. "El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario", ha agregado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre que un bombardeo en aguas internacionales contra una pequeña embarcación que habría salido de Venezuela había matado a once personas, a las que acusó de ser miembros de la banda organizada Tren de Aragua, designada por Washington como una organización terrorista extranjera.

Posteriormente, publicó imágenes aéreas de la explosión, un vídeo que ha permitido a HRW confirmar que había al menos seis personas a bordo de la embarcación, si bien la ubicación de la misma y el momento del ataque siguen sin verificación alguna.

Trump anunció el 15 de septiembre un segundo ataque contra otra embarcación que también habría salido de Venezuela, igualmente en aguas internacionales, y afirmó que tres personas habían muerto. HRW ha indicado que las imágenes del ataque muestran a dos personas en el bote antes de la explosión, sin que se haya podido verificar su ubicación y el momento del ataque.

El mandatario estadounidense publicó en su cuenta en la red social Truth Social un mensaje advirtiendo con la posibilidad de nuevos ataques. "Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos", dijo.

HRW ha insistido en que el uso de fuerza letal contra supuestos narcotraficantes en estos bombardeos viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha recordado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Washington ha ratificado, proteger el derecho a la vida.

Además, ha esgrimido que los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contemplan que las autoridades deben buscar minimizar los daños y preservar la vida en sus operaciones, pudiendo usar la fuerza letal únicamente cuando sea inevitable para protegerse de una amenaza inminente de muerte o heridas graves.

Por ello, ha hecho hincapié en que las autoridades estadounidenses no dieron estos pasos en estos bombardeos, incluida la negativa a intentar detener a los sospechosos, y ha agregado que la propia descripción de los hechos por parte de Washington implica que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

La organización ha reseñado además que los ataques "tuvieron lugar en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar los mecanismos internos de supervisión en el seno del Ejército" y ha sostenido que "protecciones clave para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional han sido vaciadas de contenido".

Yager ha apuntado que "el Ejército estadounidense debería detener inmediatamente cualquier plan para futuros bombardeos ilegales y garantizar que todas las operaciones militares cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario". "El Congreso debería abrir una investigación rápida y transparente sobre los procesos de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluidos los razonamientos legales y la cadena de mando", ha zanjado.

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