Publicado 28/04/2026 03:12

La obtención del certificado de vulnerabilidad supone el 60% de las consultas sobre la regularización, según un estudio

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes i
Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes i - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obtención del certificado de vulnerabilidad aglutina el 60% de las consultas de los migrantes que quieren regularizar su situación administrativa a través de el proceso extraordinario abierto por el Gobierno el pasado 16 de abril.

Así lo refleja un análisis realizado por Legálitas, recogido por Europa Press, sobre las principales dificultades a las que se enfrentan los interesados al realizar el procedimiento de regularización.

Tras la obtención del certificado de vulnerabilidad, los abogados del departamento de Extranjería reciben consultas relacionadas con la acreditación del tiempo de permanencia en España (25%) --deben haber entrado en el país antes del 1 de enero de 2026-- y sobre la obtención del certificado de antecedentes penales (10%).

En este sentido, la empresa de servicios legales sostiene que el certificado de vulnerabilidad es el "principal obstáculo" para los extranjeros que desean acogerse al proceso de regularización extraordinaria.

"Muchos solicitantes no pueden aportar un contrato de trabajo, ni acreditar vínculos familiares en España, lo que les obliga a acudir necesariamente a la vía del arraigo extraordinario, donde presentar este certificado es un requisito obligatorio", explica la compañía.

En concreto, las dudas más frecuentes se centran en dónde y cómo obtener este documento. "Los solicitantes deben acudir a los servicios sociales municipales o a ONG acreditadas, pero el principal problema es la falta de citas disponibles, con plazos que, en muchos casos, se alargan uno o dos meses", indican.

CARECEN DE DOCUMENTACIÓN FORMAL

En cuanto a la acreditación de los cinco meses de permanencia continuada en España, uno de los requisitos esenciales del proceso, la compañía de servicios jurídicos apunta que muchas personas carecen de documentación formal debido a su situación irregular: no tienen cuenta bancaria, contrato de trabajo, nóminas, seguro médico, ni empadronamiento continuado.

"Por ello, uno de los medios de prueba disponibles suele ser la recarga mensual del abono transporte, al tratarse de un gasto recurrente y fácilmente verificable", destaca.

Asimismo, señala que la normativa permite presentar la solicitud de regularización sin aportar inicialmente el certificado de antecedentes penales, siempre que el interesado declare no tener antecedentes penales y aporte un justificante de haberlo solicitado. En estos casos, el procedimiento queda suspendido temporalmente mientras el Ministerio de Justicia intenta obtener el documento por vía diplomática.

"Este mecanismo permite ganar tiempo, pero también implica que el expediente puede quedar paralizado hasta tres meses, lo que sigue generando incertidumbre entre los afectados. Si transcurrido ese plazo no se recibe respuesta, el solicitante será requerido para aportar el certificado en un plazo adicional de quince días", matiza.

Finalmente, un 5% de las consultas está relacionado con dudas generales sobre los requisitos o el procedimiento a seguir, especialmente entre los solicitantes de asilo. "Muchos no saben qué formulario deben presentar y dudan entre los modelos 031 o 032, o desconocen si su situación como solicitantes de asilo les permite acogerse directamente a la regularización extraordinaria", concluye.

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